RRHHpress. El sindicato CCOO ha acusado a la ONCE de poca sensibilidad para el fomento de la cultura de igualdad entre su personal, al resolver las cuestiones relacionadas con el lenguaje sexista incorporando en sus documentos de empresa una disposición adicional en la que apuesta por el masculino genérico para englobar las referencias que afectan a las trabajadoras y los trabajadores de la entidad.La disposición dice, textualmente, "En las documentos de carácter normativo, la ONCE ha optado por la utilización del masculino genérico para englobar las referencias que afectan a las trabajadoras y a los trabajadores de la entidad, por razones de rigor estilístico y a fin de facilitar la lectura, en particular mediante dispositivos tiflotécnicos, sin que esto suponga ignorancia en cuanto a la necesaria diferenciación de género, ni un menor compromiso de la Institución con las políticas de igualdad y contra la discriminación por razón de sexo".
Formas lingüísticas para ambos sexos
CCOO entiende que con estos argumentos se da a entender a las personas no conocedoras de los recursos de apoyo a las personas ciegas que los lectores de pantalla que utilizan no leen con normalidad y naturalidad términos como "trabajadores", "trabajadoras", "personal" o cualquier otra forma lingüística referida a ambos sexos.
Según CCOO, con estas justificaciones la ONCE pretende burlar la aplicación del Plan de Igualdad incluido en el XIV Convenio Colectivo de Empresa, que entre sus objetivos destaca el de "velar para que en la comunicación interna y externa de la organización se utilice un lenguaje no sexista". Igualmente, señala que "se establecerán los mecanismos de revisión necesarios, en el nivel de la comunicación interna, que garanticen que el lenguaje de los documentos y normativa interna respondan en todo caso a formas no sexistas".
Doble moral
CCOO afirma que esta práctica es una muestra más de la "doble moral" utilizada por la dirección de la ONCE, la cual pacta el Plan de Igualdad impuesto por la ley y burla su aplicación en lo más sencillo y económico, defiende la empleabilidad de las personas ciegas y en su ámbito de actuación empresarial no las contrata porque las considera poco productivas, defiende la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad y en su convenio de empresa impone una "doble escala salarial" para pagar un 30% menos de salario al nuevo personal vendedor contratado y, por último, reclama más recursos del Estado para la atención de personas ciegas o con otras discapacidades y, al mismo tiempo, pretende cerrar sus centros en provincias enteras (Ávila, Zamora o Soria).
