RRHH Press. El Vicepresidente de la Confederación Europea de Agencias Privadas de Empleo y Presidente de AGETT, Francisco Aranda, ha respondido a las declaraciones del comisario de la Competencia de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, manifestando su coincidencia en la defensa de los servicios públicos, en este caso de empleo, pero pidiendo que se permita -como en otros sectores de la economía española- la colaboración ordenada público-privada. "Esto reforzaría la intermediación en España a coste cero tanto para las administraciones, como para los ciudadanos, lo cual sería una medida bien vista por parte de la UE", apunta Aranda.Almunia había defendido, en este sentido, que los Estados miembros establezcan una asignación "racional" de los recursos, y definir "qué servicios públicos deben mantener". Así el comisario señaló que el Tratado de Lisboa otorga a los países "un amplio margen" para establecer los servicios públicos que consideren necesarios, respetando los límites existentes en los sectores postales, comunicaciones electrónicas, energía y transportes.
Según Aranda, "en estos momentos de enormes dificultades, hay que romper definitivamente que España sea el único país de la OCDE donde no existe una colaboración amplia entre los servicios públicos de empleo y las agencias privadas. Esto es un capricho ridículo que ya no nos podemos permitir porque está demostrado en toda la UE y también en España que nuestro sector es un dinamizador eficiente del empleo, útil tanto para ciudadanos como para empresarios".
El Presidente de las ETTs en España apunta que "desde Bruselas están haciendo un seguimiento muy exhaustivo a los movimientos de nuestro mercado de trabajo, y no entenderían que, por un motivo desconocido, el operador del mercado más garantista de Europa, que además intermedia más que los servicios públicos de empleo y tiene una capilaridad mayor, no pueda convertirse en un colaborador leal de los servicios públicos para ayudar a reducir el brutal desempleo que padecemos y que lastra nuestra competitividad y nuestras cuentas".
Según apunta Francisco Aranda, "todos tenemos que abandonar viejas posiciones dogmáticas y ponernos a disposición de los ciudadanos con todas las herramientas de valor que tengamos. Lo importante no es quién ofrece el servicio, sino que todos los ciudadanos gocemos de la mejor calidad de asistencia, y, en este, caso el coste es cero para el individuo".
Aranda ha señalado que no está en desacuerdo con la idea de reforzar los servicios públicos de empleo, pero, "debido a esa excusa, las ETTs en España llevan más de diez años encadenadas a unas restricciones y unas limitaciones que no tienen ningún sentido, mientras que simplemente si cruzamos los Pirineos esos frenos son cosa del pasado y el ciudadano recibe un buen servicio". En su opinión, es momento de trabajar con todas las herramientas garantistas en beneficio de los ciudadanos y "si aquí el Gobierno les hurta todavía mecanismos, alguien tendrá que explicar los motivos, mientras que nuestra tasa de paro empieza a convertirse en estructural y la situación de muchas familias es insostenible".
Así mismo, Aranda ha recordado que hoy hace ya un mes que terminó el plazo otorgado por la Ley 27/2009, aprobada en el Congreso de los Diputados el 30 de diciembre de 2009, que se comprometía a la transposición de la Directiva de ETTs (20087104/CE) en los primeros cuatro meses de este año. "No parece que el hecho de que no se cumplan las leyes que se aprueban en el Parlamento, sea una buena señal de cara a la Unión Europea, porque no estamos transmitiendo la sensación de que haya seguridad jurídica y eso espanta a las inversiones", apunta el vicepresidente europeo de las Agencias Privadas de Empleo.
