Redacción. La colaboración entre el Gobierno de la Región de Murcia y la Guardia Civil ha permitido destapar una trama dedicada a falsear la formación de conductores profesionales con el objetivo de obtener de forma fraudulenta el Certificado de Aptitud Profesional (CAP), documento obligatorio para los conductores profesionales de mercancías y viajeros.
Como resultado de la operación, denominada "Capybaramur", se atribuye responsabilidad penal a trece personas: el gerente de una autoescuela, tres presuntos intermediarios y nueve empleados, por la supuesta comisión de delitos de falsedad documental y contra la seguridad vial.
Por su parte, la Dirección General de Movilidad y Transportes, de la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial del gobierno murciano, propone la suspensión de la autorización para impartir cursos CAP a la autoescuela investigada, medida que se hará efectiva una vez exista sentencia firme.
La investigación, desarrollada por la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Murcia, en colaboración con la Dirección General de Movilidad y Transportes, se inició a raíz de las sospechas detectadas durante los controles realizados en las pruebas oficiales organizadas por la comunidad autónoma.
La operación comenzó en mayo de 2025 durante los exámenes celebrados en el campus de Espinardo de la Universidad de Murcia, cuando la Dirección General de Movilidad y Transportes solicitó la colaboración de la Guardia Civil para reforzar los controles y prevenir posibles fraudes.
Durante las inspecciones fueron detectados 23 aspirantes que utilizaban dispositivos de comunicación ocultos mediante los que recibían desde el exterior las respuestas correctas del examen.
Asimismo, las actuaciones inspectoras desarrolladas por la Dirección General de Movilidad y Transportes detectaron irregularidades en una autoescuela de Molina de Segura relacionadas con la manipulación de los registros biométricos de asistencia obligatoria a los cursos de formación CAP.
La investigación ha permitido identificar a tres presuntos intermediarios encargados de organizar el fraude y facilitar los medios tecnológicos utilizados en los exámenes. Algunos de los aspirantes llegaron a pagar entre 2.000 y 2.500 euros por acceder a este sistema fraudulento.
Inspección y controles
Estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Inspección de Transportes 2026 impulsado por el Gobierno regional para reforzar la vigilancia sobre la formación de los conductores profesionales y combatir el fraude en el sector.
En lo que va de año, la Dirección General de Movilidad y Transportes ha realizado 486 actuaciones inspectoras en cursos CAP para verificar la asistencia efectiva del alumnado y el correcto desarrollo de la formación.
Además, el Gobierno regional ha endurecido las medidas de control en los exámenes mediante la prohibición de acceso con teléfonos móviles y dispositivos electrónicos. La posesión de estos equipos supone la expulsión inmediata de la prueba y los aspirantes sorprendidos copiando no pueden volver a presentarse hasta transcurridas dos convocatorias.
