Redacción. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha elevado a dos años y nueve meses de prisión la condena de once meses de cárcel impuesta a un abogado que se apropió de las cantidades abonadas en concepto de indemnización a un cliente que sufrió un accidente laboral en octubre de 2009.
El TSJPV ha estimado el recurso interpuesto por la acusación particular y ha aumentado las penas establecidas inicialmente por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, al considerar que la atenuante de dilaciones indebidas reconocida por este tribunal no debía aplicarse como muy cualificada, sino como simple.
El abogado fue condenado por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa como autor de un delito de apropiación indebida, otro continuado de falsedad en documento público y un delito de deslealtad profesional. En la condena concurrieron la atenuante de reparación del daño, como simple, respecto al delito de apropiación indebida, y la de dilaciones indebidas, como muy cualificada, respecto a los tres delitos.
Acuerdo no comunicado a su cliente y condena inicial
Según los hechos declarados probados, el letrado alcanzó un acuerdo extrajudicial con la empresa y compañías aseguradoras por el que se fijó una indemnización de 147.000 euros para el trabajador, quien renunciaba a las acciones civiles y penales que pudieran corresponderle. El letrado no comunicó ese acuerdo a su cliente e ingresó 145.104 euros de esa indemnización en una cuenta de su titularidad.
La Audiencia le condenó en junio de 2026 a once meses de prisión y fijó penas de multa e inhabilitación para el ejercicio de la profesión de abogado. El tribunal apreció la atenuante de reparación del daño porque el acusado consignó en la cuenta del juzgado 125.533 euros antes de declarar en mayo de 2019 como investigado en la causa.
La Audiencia guipuzcoana también estableció que indemnizara a su cliente con los 19.565 euros que se quedó por sus honorarios al considerar que el abogado no podía descontarse unilateralmente esta cantidad de las indemnizaciones cobradas.
Tanto el abogado como la acusación particular recurrieron la sentencia ante el TSJPV, que ahora únicamente estima la alegación de la representación procesal del perjudicado sobre las dilaciones indebidas reconocidas.
Ánimo de apropiación y deslealtad profesional
Así, la Sala rechaza los argumentos del abogado, entre ellos la existencia de un ánimo de apropiación, y concluye que los hechos declarados probados por la Audiencia de Guipúzcoa demuestran “sin esfuerzo” que existió ese ánimo en su actuación.
“Se concluye sin género de dudas que el acusado actuó guiado por la intención de incorporar a su patrimonio las cantidades que habían abonado los responsables del accidente” a su cliente, en concepto de indemnización por las lesiones y secuelas que padeció en el mismo, afirma la Sala.
El TSJPV también confirma que el letrado no podía descontarse unilateralmente sus honorarios de la indemnización cobrada. “Ninguna norma autoriza al letrado a hacerse un ‘autopago’ por los servicios profesionales con las cantidades recibidas por cuenta de su cliente”, dice la Sala.
El TSJPV rechaza que la condena por deslealtad profesional suponga una doble penalización por los mismos hechos que la apropiación indebida. Considera que en la conducta del abogado concurrió el plus que exige el delito de deslealtad profesional al margen y además del de apropiación indebida, porque el letrado “utilizó torticeramente” el poder notarial que le dio su cliente y lo usó para celebrar tres acuerdos cuyos términos contravenían expresamente las instrucciones recibidas de este.
Esta actuación, recuerda el TSJPV, privó al cliente de la posibilidad de obtener una indemnización superior y le ocasionó un perjuicio distinto al de la apropiación indebida.
Las dilaciones indebidas, atenuante simple y no muy cualificada
La Sala sí acoge las alegaciones de la acusación particular sobre las dilaciones indebidas y concluye que no concurren los requisitos para apreciar esta atenuante como muy cualificada, sino únicamente como simple.
El TSJPV afirma que en la causa consta una paralización injustificada de un año y nueve meses por causas no imputables al acusado, lo que no supone una “desmesura extraordinaria” que justifique la aplicación de la atenuante muy cualificada.
Al revisar la individualización de las penas, la Sala también tiene en cuenta la gravedad de los hechos y las circunstancias de cada delito. Por todo ello, eleva a dos años y nueve meses la condena de prisión impuesta e incrementa las multas y el tiempo de inhabilitación para el ejercicio de la abogacía fijados por la Audiencia de Guipúzcoa.
Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.