Recursos Humanos RRHH Press - Directivos de la compañía malagueña Isofotón, perteneciente al grupo Affirma, especializada en el desarrollo de proyectos de energía solar y líder en la fabricación de seguidores solares, ha presentado esta semana un plan de viabilidad que podría suponer el despido de 460 trabajadores, el 65% de una plantilla de 700 efectivos, si no consigue financiación de aquí a final de año, según ha informado UGT de Andalucía.“La difícil situación del mercado fotovoltaico nacional, así como la falta de financiación y la necesidad de lograr que la empresa sea competitiva” son las razones que esgrime la empresa para llevar a cabo dicha medida.
Además, según Ricardo Sánchez, delegado sindical de UGT en Isofotón y secretario del sector químico de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios de UGT Málaga, en caso de que la empresa sí consiga financiación, “pretende enviar al paro a 30 trabajadores un mínimo de 6 meses y un máximo de dos años con la garantía de volver transcurridos esos 24 meses; pretende modificar las condiciones de trabajo de otros 30 compañeros y a 150 pretende reducirles el contrato a media jornada durante un plazo máximo de 4 años”.
“No nos creemos nada”, afirma el representante sindical, “entre otros motivos porque, tal y como están las cosas, nadie nos asegura que dentro de dos años la empresa siga funcionando”.
Para justificar estas “drásticas” medidas, la empresa argumenta la falta de liquidez ante unos bancos que ya no prestan dinero. “Cuando el grupo Affirma, actual propietario de Isofotón, compró la empresa el año pasado, la Junta de Andalucía se comprometió a firmarles un aval por 15 millones de euros”, asegura Sánchez. “Pero actualmente las cajas de ahorros ya no respetan ese aval. Lo consideran papel mojado”.
“Nosotros creemos que tiene que haber otras soluciones, que se pueden hacer más cosas antes que despedir a compañeros, que hay herramientas, que se puede abrir una negociación con las cajas de ahorro. Este plan, sea o no necesario, es excesivamente agresivo”, dice Sánchez. “Estamos hablando de 460 familias que a final de año pueden verse afectadas”.
De momento, el próximo lunes el comité de empresa se reunirá para analizar el plan de viabilidad y estudiar posibles actos de protesta. La empresa ha citado a los miembros del comité y a los representantes sindicales el próximo jueves 15 de septiembre.
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