Redacción. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha formalizado la adhesión de la Generalitat de Cataluña a la Coalición Mundial por la Justicia Social, una iniciativa internacional que promueve el diálogo entre gobiernos, organizaciones empresariales y sindicales, universidades y otras entidades de la sociedad civil para impulsar iniciativas conjuntas, compartir conocimiento y avanzar hacia sociedades más justas, inclusivas y sostenibles.
El Ejecutivo catalán, a iniciativa de los departamentos de Empresa y Trabajo, y de Unión Europea y Acción Exterior, aprobó solicitar su adhesión a esta alianza internacional el pasado 20 de febrero, coincidiendo con la conmemoración del Día de la Justicia Social.
La Coalición Mundial por la Justicia Social nace como respuesta a los grandes retos globales actuales, como el aumento de las desigualdades, el coste de la vida, la crisis climática, las tensiones geopolíticas, las transformaciones tecnológicas y la pérdida de confianza en las instituciones, y para favorecer un desarrollo económico sostenible y compartido.
Promovida por la OIT, esta iniciativa persigue impulsar el diálogo social entre instituciones y actores sociales para avanzar hacia sociedades más inclusivas y cohesionadas; compartir conocimiento, experiencias y buenas prácticas en materia de empleo, derechos laborales, protección social y reducción de las desigualdades; promover la coherencia de las políticas públicas y la coordinación entre administraciones, organismos internacionales y agentes económicos y sociales; y movilizar iniciativas concretas para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Sobre esta adhesión, el consejero de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha destacado que «la sociedad catalana ha estado históricamente comprometida con la justicia social y la igualdad, y ha construido grandes consensos democráticos para incorporar estos valores en sus políticas públicas, mostrándose atenta a los retos económicos y sociales, tanto nacionales como globales. Ahora es más necesario que nunca trabajar por un orden global que respete los derechos humanos y laborales, haga frente a la crisis climática, e impulse un progreso económico sólido, pero también sostenible y compartido».
