RRHH Press. UGT de Cataluña ha denunciado hoy la “gravísima” situación generada durante el presente mes de agosto con motivo del cambio del sistema de pago de la Renta Mínima de Inserción (PIRMI) en esta comunidad autónoma.Según el sindicato, “los únicos responsables de esta situación son los máximos responsables de los departamentos de Empresa y Empleo, Francesc Xavier Mena, y de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, por su “absoluta descoordinación” e incapacidad para compartir bases de datos esenciales en esta actuación, quienes “no han dado directrices a los empleados públicos, que han tenido que atender, con un grado de profesionalidad extraordinario, a miles de ciudadanos en una situación límite”.
El origen del problema lo ha causado la decisión de la Generalitat de Cataluña de sustituir en el mes de agosto la habitual transferencia bancaria del PIRMI por un cheque nominal enviado al domicilio del beneficiario, con el fin de evitar el fraude mientras se revisan los expedientes de los perceptores de la renta.
Este cambio en el sistema de pago generó, según la oposición, mucha confusión entre los beneficiarios, y retrasó el cobro del PIRMI, lo que provocó graves perjuicios a los mismos. Según parece, a partir de septiembre se volverá a realizar el pago por transferencia.
UGT ha criticado la “contratación con dinero público, por parte de la Generalitat, de una empresa externa, una empresa de trabajo temporal (ETT), un coste económico extraordinario que choca frontalmente con la teórica voluntad de ahorro desesperado a costa de los ciudadanos más débiles social y económicamente de nuestro país”. Los trabajadores cedidos por esta ETT a la Generalitat eran, según informa el sindicato, los encargados de gestionar las ayudas.
UGT denuncia que, “mientras se está enviando al paro a cientos de empleados públicos que realizan tareas administrativas, el Gobierno tiene la poca vergüenza de contratar a una empresa externa para hacer trabajos administrativos, con un personal sin ningún tipo de experiencia ni formación en relación a la gestión de estas ayudas sociales”.
En este contexto, el sindicato pregunta al consejero de Empresa y Empleo “si este es el nuevo modelo que pretende con la reforma del Servicio de Empleo de Cataluña: externalización sin preparación y dirección sin directrices”.
Por ello, UGT ha exigido al Gobierno catalán que respete a “los excelentes profesionales” que tiene la Administración autonómica, puesto que “el trabajo realizado por empleados públicos, siguiendo estrictamente criterios de profesionalidad y de escrupuloso acatamiento de la ley, no puede ser revisado ni cuestionado atendiendo otros criterios y objetivos políticos.
Un ejemplo de ineficacia en la gestión del nuevo Gobierno es, según UGT, la duplicidad que se está produciendo en la revisión, por empresas externas, del trabajo realizado durante años por trabajadores sociales y administrativos de la propia Generalitat de Cataluña y los ayuntamientos catalanes. “Estamos ante un acto de desprecio a la capacidad de sus propios profesionales y de despilfarro de dinero público”, afirma el sindicato.
Para UGT, “el ciudadano tiene derecho a ser atendido por un empleado público, con todas las garantías de la ley, y no puede ser interrogado sobre aspectos personales y laborales en dependencias públicas por personas contratadas por empresas externas a la Administración. Sería necesario que el actual Gobierno repasara conceptos tan básicos como el de autoridad pública y ejercicio de potestades”, porque, de no hacerlo, “estará haciendo un ejercicio de humillación intolerable al ciudadano y poniendo en riesgo el derecho a la confidencialidad de datos personales que exige la ley y al que están obligados los empleados públicos”.
En este sentido, UGT de Cataluña recuerda que el personal funcionario de las administraciones sabe que su deber es mantener el sigilo profesional sobre los datos que conoce y las actuaciones que realiza, y lo cumple bajo un estricto régimen disciplinario. En cambio, aquellas personas que ni conocen esta obligación ni tienen el deber legal de cumplirla pueden, en ocasiones, cometer el error de no garantizar esta confidencialidad sobre los datos de ciudadanos, y hacerlas públicas.
Cleries y Mena comparecerán mañana, desde las 10 horas, ante la Diputación Permanente del Parlamento de Cataluña para dar explicaciones sobre los problemas que ha originado la reforma en el sistema de pago de la Renta Mínima de Inserción (PIRMI).
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