RRHH Press. La morosidad en España, tanto entre empresas como con las Administraciones Públicas, sigue siendo uno de los principales problemas para el repunte de la economía, según se pudo constatar en la última reunión mantenida por el Grupo de Trabajo de Morosidad del Observatorio de la PYME, en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que contó con la participación de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).En opinión de UPTA, “a pesar de los esfuerzos del Grupo de Trabajo para dimensionar la situación de morosidad en España, esta no es tarea fácil, ya que los indicadores públicos y oficiales no miden de la misma forma la intensidad del problema. Solo es factible hacer un seguimiento de la morosidad con las entidades financieras a través de los datos del Banco de España o la que mantiene la Administración General del Estado, pero no así la de las CCAA y Entidades locales, por lo que es prácticamente imposible hacer un diagnóstico real del problema”, asegura César García, secretario ejecutivo de Política Sectorial de esta organización.
Menos aún se conoce cuál es la deuda que mantienen los contratistas principales, en la mayoría de los casos medianas y grandes empresas, con los subcontratados, que casi siempre son autónomos.
En dicha reunión, UPTA España pudo comprobar, por las informaciones vertidas en la misma por algunos de los participantes, cómo se utilizan determinadas vías “legales” para no cumplir la Ley de Morosidad, por la que se establecen plazos de pago de las deudas, como obligar al subcontratado a que solicite un aplazamiento de pago de sus facturas por parte del contratista principal.
Pero lo que preocupa a UPTA España es que todo el debate sobre Morosidad se centra en la deuda de las Administraciones Públicas frente a las empresas con las que contratan, “y nadie ha planteado qué ocurre con las deudas contraídas entre empresas y autónomos”.
La línea ICO Entes Locales está constituida para que los ayuntamientos puedan zanjar sus deudas contraídas con las empresas a las que han contratado o licitado una obra o servicio, “pero no tendrán la obligación de hacer un seguimiento para ver si estas empresas cumplen con sus obligaciones de pago con los autónomos subcontratados para la realización de estas obras o servicios contratadas o licitadas por los consistorios, por lo que la cadena de pagos quedará rota”, aclara César García, quien añade que, por esta razón, es fundamental que los ayuntamientos beneficiarios de estos créditos “publiquen periódicamente los pagos que van efectuando a las empresas acreedoras”.
Además -apunta García-, “el cobro de estas deudas por parte de las empresas debería de servir también para consolidar empleo y relaciones mercantiles”. Lamentablemente, no solo no hay obligación de hacer seguimiento de las deudas de las empresas frente a los autónomos, sino que además, al ser voluntaria la solicitud de estos préstamos por parte de los ayuntamientos, “veremos cuántos tienen la voluntad de zanjar sus deudas”, explica.
Pese a la inexistencia de fuentes oficiales, UPTA España estima que la deuda de las Administraciones Autonómicas y Locales directamente con autónomos puede llegar casi a los diez mil millones de euros, pero la deuda que mantienen las empresas contratistas con sus subcontratas posiblemente supere esta cantidad.
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