EP. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció hoy que el Gobierno aprobará en el próximo Consejo de Ministros la reducción del 8% al 5% del máximo de vacantes que pueden tener los departamentos y organismos de la Administración General del Estado, con el fin de seguir "conteniendo y controlando" el gasto público."Mantenemos y reforzamos, por tanto, la austeridad y la eficiencia de la Administración, y a la vez el proyecto y el objetivo de la modernización del servicio público", explicó en su comparecencia en la Comisión Constitucional en el Congreso para informar sobre el plan de ajuste adicional, que, entre otras medidas, contempla la rebaja del 5% de media de las retribuciones de los funcionarios en 2010 y su congelación en 2011.
La vicepresidenta justificó la limitación del máximo de vacantes en la Administración para evitar "desviaciones al alza" en las masas salariales, al tiempo que adelantó que el Ejecutivo prevé aprobar la creación, también el próximo viernes, del Observatorio del Empleo Público.
Este Observatorio perseguirá diagnosticar "en profundidad" la situación del empleo en la Función Pública y determinar cómo obtener el "mejor rendimiento" del personal de la Administración. Así, defendió esta iniciativa, al asegurar que cuenta con el respaldo de las comunidades autónomas y los agentes sociales. "El Observatorio permitirá mejorar y modernizar con criterios de homogeneidad la Administración", afirmó.
De la Vega aprovechó su comparecencia en la Comisión Constitucional para anticipar que el Gobierno presentará en el próximo periodo de sesiones la Ley de Función Pública de la Administración General. Una norma que, según indicó, "pondrá las bases" para la Administración del "nuevo siglo", con el incentivo al trabajo productivo y eliminando desigualdades y rigideces retributivas.
En cuanto al recorte del salario de los empleados públicos, la vicepresidenta volvió a admitir que se trata de una medida "difícil de adoptar y de aceptar", si bien lo defendió ante la presión de los mercados internacionales sobre la deuda pública de algunos miembros del euro, pese a que supuso la suspensión del Acuerdo de la Función Pública firmado entre el Ejecutivo y los sindicatos el pasado 25 de septiembre, que contemplaba una subida salarial del 0,3% para este año y una cláusula de revisión salarial.
Supresión del acuerdo salarial
"Es verdad que el Gobierno ha presentado modificación del acuerdo (del 25 de septiembre). Lo hemos hecho, pero porque se ha producido una situación claramente excepcional, imprevisible, implanteable", argumentó, para después asegurar que el Gobierno, junto al consenso de la UE, respondió con "celeridad" ante los rumores que cuestionaban las finanzas públicas. "No fue una respuesta improvisada, sino de reflejos", remarcó.
De la Vega, quien reiteró que la rebaja salarial a los funcionarios es "provisional y temporal", recurrió al artículo 38 del Estatuto Básico del Empleado Público para avalar la decisión del Ejecutivo. "La situación excepcional, de interés público y de alteración sustancial de las circunstancias económicas se cumplen para suspender el acuerdo alcanzado con los sindicatos", explicó.
Eso sí, no quiso dejar pasar la oportunidad para recordar que en los primeros cuatro años de legislatura de Zapatero el poder adquisitivo de los funcionarios aumentó un 5%, "prácticamente" el mismo porcentaje perdido durante la etapa de Aznar.
