imagen de la noticiaRecursos Humanos RRHH Press - El 13,6% de los madrileños viven ya bajo el umbral de la pobreza y el 18% se encuentra en situación de exclusión social, más de un millón de personas, mientras crece la exposición de la población madrileña a situaciones de riesgo económico y social, según ha denunciado esta semana CCOO de Madrid.

Además, el sindicato advierte de que los desahucios en la Comunidad de Madrid han aumentado un 144% desde el año 2008, siendo mayor el impacto en esta región que a nivel nacional, cuyo incremento ha sido del 118%. El 58% de los hogares madrileños tienen dificultades para llegar a fin de mes y el 36% no puede afrontar gastos imprevistos.

El 40% sin prestaciones

Por otro lado, cada vez es mayor el número de familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. En este sentido, el 9,2% de los hogares madrileños tienen a todos sus miembros en paro, y el 40% de los parados madrileños ya no tienen prestaciones por desempleo.

Esta situación que se vive en la Comunidad de Madrid ha sido calificada de “bomba de relojería” por Ana González, secretaria de Política Social e Igualdad del sindicato, puesto que "miles de madrileños y madrileñas han iniciado un camino de fácil entrada y de muy difícil retorno, la exclusión social, una realidad de dramáticas consecuencias para la sociedad madrileña".

La sindicalista considera que las políticas de recortes en derechos y prestaciones sociales del Gobierno de España y de la Comunidad de Madrid, no hacen más que profundizar en esta línea.

CCOO de Madrid ha exigido medidas que prevengan y, en su caso, contengan, el aumento de las dificultades económicas y sociales en las familias madrileñas. Por ello, el sindicato reclama una reactivación de la Renta Mínima de Inserción cuya demanda ha aumentado un 34% en el último año, mientras que las concesiones de la prestación descendieron un 0,88%.

Esta reactivación, en opinión de CCOO, debe pasar inevitablemente por un proceso de negociación que garantice la naturaleza del derecho, un incremento de la cuantía, congelada desde el año 2009, la reducción de los tiempos de tramitación que en la mayoría de los casos supera los 6 meses, la simplificación de los procedimientos y un impulso de las medidas de inserción social y laboral que se han visto reducidas en más de un millón de euros en este año.

RRHHpress

 

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