Recursos Humanos RRHH Press - Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Inspección de Trabajo de Madrid y la Policía Local de Brunete, han detenido a una empresaria textil que hacinaba a 44 trabajadores en dos talleres de la localidad madrileña de Brunete.
Según han informado desde el Ministerio del Interior, la arrestada, de 58 años de edad y nacionalidad española, utilizaba la parte superior de uno de los talleres como hostal para alquilar habitaciones a sus trabajadores. Las condiciones laborales eran lamentables, con más de la mitad de la plantilla sin alta en la Seguridad Social ni contrato de trabajo.
Las investigaciones comenzaron hace dos meses, aproximadamente, cuando, gracias a la colaboración de la Policía Local de Brunete, se puso en conocimiento de los investigadores la existencia de dos talleres dedicados a la confección textil. Ambos talleres se encontraban ubicados en garajes, carecían de los permisos necesarios y en ellos varios ciudadanos extranjeros podrían estar siendo explotados laboralmente.
Los investigadores comprobaron la entrada y salida de los talleres de numerosas personas de origen marroquí y rumano, que accedían a los garajes por una puerta. Paralelamente se determinó que también lo hacían ciudadanos chinos, pero que apenas salían a la calle puesto que la parte superior de uno de los talleres estaba habilitado como hostal, cuya titular era también la persona arrestada.
Tras comunicar los hechos a la Inspección de Trabajo de Madrid, se estableció el operativo policial para llevar a cabo la entrada en los dos talleres. Los agentes hallaron trabajando a 44 personas en pésimas condiciones, junto con máquinas de coser, centros de planchado y cantidades ingentes de telas preparadas y cortadas para su confección de conocidas marcas comerciales.
De los 44 trabajadores que se encontraban desarrollando sus labores en los talleres, solo 17 estaban contratados y dados de alta en la Seguridad Social. Como quiera que el resto no estaban dados de alta ni tenían contrato de trabajo, lo que suponía más de la mitad de la plantilla de la empresa, se ha imputado a la propietaria el nuevo tipo agravado por el Código Penal, tipificado como delito contra los derechos de los trabajadores y que puede llegar a acarrear multas de hasta 150.000 euros.
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