imagen de la noticiaRecursos Humanos RRHH Press. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Ibiza una red dedicada a facilitar a extranjeros el acceso a prestaciones, subsidios y permisos de residencia, mediante la elaboración de contratos falsos a través de una empresa ficticia, según han informado desde el Ministerio del Interior.

Durante la operación han sido detenidas 109 personas, entre las que figuran los seis responsables de la trama, y se han anulado 31 autorizaciones de residencia. Se estima que los ingresos obtenidos por los falsificadores podrían haber superado los 500.000 euros y que el fraude contra la Tesorería General de la Seguridad Social asciende a más de 470.000 euros.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de octubre a raíz de la información facilitada por la Unidad Especializada de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Delegación Insular del Gobierno. Las pesquisas se desarrollaron en torno a una empresa dedicada supuestamente a la construcción, pero que, en realidad, era una sociedad ficticia. Los agentes comprobaron que la mercantil había dado de alta en el Sistema de la Seguridad Social a un total de 156 trabajadores, algunos en más de una ocasión, que no llegaron a realizar actividad laboral alguna.

Obtención fraudulenta de prestaciones y autorizaciones de residencia

La finalidad real de la empresa era que los supuestos empleados obtuviesen de forma irregular un contrato que les permitiera acreditar la acumulación los periodos de carencia necesarios para solicitar prestaciones y/o subsidios de la Seguridad Social o del Servicio Público de Empleo Estatal. Estas contrataciones falsas y altas irregulares también se producían para que los extranjeros, en situación irregular o pendientes de la renovación de sus permisos de residencia, utilizaran este recurso fraudulento para regularizar su situación en España o conseguir renovaciones a las que no tendrían derecho acudiendo a los procedimientos legales.

Estas conductas podrían ser constitutivas de delitos de falsedad documental y estafa e incluso, en virtud de las circunstancias concurrentes o de la cuantía defraudada por parte de los supuestos empresarios o trabajadores, de delitos contra la Seguridad Social y la Hacienda Pública o los derechos de los trabajadores.

Por medio de esta artimaña, los falsos empleados lograron acceder a prestaciones económicas, que en algún caso superaron los 8.000 euros, obtuvieron permisos de residencia y paralizaron expedientes de expulsión que habían sido incoados, alcanzando finalmente la concesión de la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales. Los falsos empresarios, por su parte, recibían a cambio compensaciones económicas, que llegaron a alcanzar los 3.600 euros por justificar un periodo de seis meses de trabajo.

182 contrataciones falsas y 471.000 euros defraudados

La empresa investigada se constituyó en 2008. Durante su primer año de existencia se ha podido constatar que realizaron tres contrataciones fraudulentas a extranjeros. Tras un tiempo de inactividad de más dos años, en mayo de 2011, la sociedad cambió de propietario y de nombre. En esa nueva etapa se vinculó a una gestoría que pasó a controlar las actividades de personal relacionadas con la Seguridad Social. Inicialmente la agencia tramitó 88 altas irregulares de trabajadores, a las que se sumaron otras 96 en el mes de agosto, que suman un total de 182. A través de estas prácticas ilegales se ha producido un fraude estimado de 471.000 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social.

A las personas detenidas se les imputan delitos de falsedad documental, estafa, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y contra los Derechos de los Trabajadores. La obtención o prórroga de las autorizaciones de residencia mediante este procedimiento delictivo -aunque hubieran sido en principio obtenidas en forma regular-, podría constituir motivo de extinción de la Tarjeta de Identidad de Extranjeros que documenta estas estancias legales, con lo que los infractores quedarían automáticamente en situación irregular. De hecho, por parte de la Oficina Única de Extranjeros de la Delegación Insular del Gobierno, se ha procedido hasta el momento a la revocación de 31 de estas autorizaciones.

RRHHpress

 

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