Recursos Humanos RRHH Press. La Unión Sindical Obrera (USO) ha advertido de que la reforma fiscal del Gobierno, que grava las indemnizaciones por extinción de contrato que estén por encima de los 2.000 euros por año de servicio, puede afectar de manera muy negativa a la negociación colectiva.
El sindicado ha alertado de que el hecho que la Agencia Tributaria también esté presente en las mesas de negociación puede tensionar todavía más las relaciones laborales y hacer más difícil el acuerdo en los conflictos colectivos, siendo el trabajador, que además se queda sin empleo, el más perjudicado.
USO ha recordado que desde 2010 las indemnizaciones por despido estaban exentas del IRPF hasta el límite superior de 45 días por año trabajado. Con la reforma fiscal de 2012 se requirió una sentencia judicial o un acta de conciliación que declarara el despido para no gravar hasta los 33 días por año de servicio, lo cual aumentó considerablemente los actos de conciliación para evitar el gravamen.
El texto del anteproyecto publicado en la página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas establece que el importe de la indemnización exento de gravamen tendrá como límite la cantidad de 2.000 euros por cada año de trabajo.
Dicho anteproyecto se remitirá a las comunidades autónomas y a los distintos interlocutores sociales y se abrirá un periodo de información pública. La reforma tendrá dos fases de aplicación, la primera desde el 1 de enero de 2015 (año de elecciones, según recuerda USO), y la segunda a partir del 1 de enero de 2016.
El sindicato señala que el Gobierno quiere que esta nueva tributación se aplique de forma inmediata, es decir, a todos los trabajadores y trabajadoras que sean despedidos a partir del 20 de junio. Esta premura pretende evitar, según USO, que se adelanten algunos despidos o que, incluso, se pacten extinciones de forma fraudulenta si esta norma no entrara en vigor hasta el año que viene con afán recaudatorio.
Para la Secretaria Confederal de Acción Sindical e Igualdad de USO, Sara García, “esta medida penaliza doblemente al trabajador, que aparte de quedarse sin empleo y con pocas perspectivas de encontrar otro a corto plazo, deberá perder más poder adquisitivo con la retención que se le aplicará a su indemnización por despido, ya mermada anteriormente con la reforma laboral. Una vez más, por mucha propaganda y fuegos artificiales que nos echen, pagamos los de siempre”.
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