RRHH Press. Según ha denunciado el sindicato CCOO, el Real Decreto Ley 11/2010 que se somete hoy a convalidación en el Congreso de los Diputados podría significar la desaparición de la naturaleza jurídica de las cajas de ahorros y debilitar su función social como instrumento de desarrollo territorial y de inclusión financiera de las personas con menores recursos y capacidad económica.Esta nueva normativa, alerta el sindicato, obliga a las cajas a optar por una de las siguientes opciones: Mantenerse como cajas, pudiendo emitir cuotas participativas, con o sin derechos políticos, hasta un 50% de su patrimonio neto; integrarse con otras cajas en un Sistema Institucional de Protección (SIP), siendo la entidad a través de la que operarán un banco, es decir, una sociedad anónima; ceder su negocio financiero a un banco, manteniendo la caja, únicamente, la obra social y la cartera industrial; o transformarse en fundación, cediendo su negocio financiero a un banco.
Según CCOO, el Banco de España, “tras una fase de supervisión apática en la que no quiso o no supo impedir el crecimiento incontrolado del endeudamiento de las cajas para financiar la burbuja inmobiliaria, dirigirá ahora una operación que pretende convertirlas en sociedades anónimas”. Para ello, afirma CCOO, cuenta con el apoyo del Gobierno y del principal partido de la oposición.
En opinión del sindicato, la previsible convalidación de este Real Decreto Ley no debe impedir su tramitación como Proyecto de Ley para incorporar elementos esenciales que permitan capitalizar las entidades y reestructurar el sector, sin transformar el modelo de cajas de ahorros en España en meras sociedades anónimas que perderán sus rasgos definitorios y su función social.
CCOO ha señalado que mantiene su compromiso con el modelo actual de cajas de ahorros, con el empleo y las condiciones laborales en las mismas. Esos objetivos –afirma- son compatibles con el refuerzo de su solvencia, rentabilidad y eficiencia.
La necesaria capitalización de las cajas debe reunir, en opinión de CCOO, los siguientes requisitos: Preservar la naturaleza jurídica de las cajas de ahorros, que los procesos de reestructuración sean acordados con la representación de los trabajadores, viabilidad financiera, promoción de instrumentos de capital específicos que garanticen el acceso a los mercados, garantizar el control y la administración de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros sobre todas las actividades de las mismas y, por último, mantener la apuesta por el modelo social de estas entidades.
