RRHH Press. El Sindicato UGT ha acusado al Gobierno de dejar a los parados a merced de las agencias privadas de colocación, con ánimo de lucro, tras la reciente aprobación de la reforma laboral que cede a estas empresas la intermediación laboral.El sindicato advierte desde hace tiempo que, mientras que en Europa hay un empleado de los Servicios de Empleo Público por cada 50 personas desempleadas, en España hay uno por cada 200 personas, aproximadamente, por lo que ha apostado por “invertir más y mejor para acercarnos a la media europea”.
De igual manera, UGT ha alertado sobre la potestad atribuida a las agencias privadas de colocación para que, si el parado no cumple con los requerimientos que se le exigen, puedan incluso determinar la pérdida de la prestación del mismo, una potestad que, hasta ahora y conforme a la legislación, sólo correspondía a los Servicios Públicos de Empleo.
Privatización del desempleo
Para UGT, el Gobierno ha privatizado el desempleo en España al ceder la intermediación laboral a las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro, que tendrán además competencias que afectarán a las prestaciones por desempleo de los trabajadores.
En este sentido, previo convenio de colaboración con los Servicios Públicos de Empleo, tendrán las siguientes competencias:
- El control del trabajador que percibe prestaciones por desempleo. Deberá acudir cuando lo requiera la agencia privada y acreditar que ha comparecido en el lugar y fecha indicados para cubrir las ofertas de empleo si no desea incurrir en una infracción.
- Determinar los trabajos de colaboración social, programas de empleo o acciones de promoción, formación o reconversión profesionales que debe realizar el desempleado beneficiario de prestaciones. En caso contrario, podrá incurrir en infracción grave, con la consiguiente pérdida o extinción de las prestaciones por desempleo.
- Determinar cuál es la oferta de empleo adecuada que el desempleado está obligado a aceptar y cuyo rechazo conlleva la pérdida o extinción de las prestaciones por desempleo.
El sindicato duda, además, de que el Gobierno pueda poner en marcha los mecanismos necesarios para controlar y regular la actuación de las agencias privadas de empleo, puesto que si no hay recursos, ni humanos, ni materiales, la pregunta es cómo va a hacer ese control o regulación. Por ello, UGT venía planteando que cualquier proceso de dar entrada a las agencias de empleo tenía que pasar, en primer lugar, por reforzar los Servicios Públicos de Empleo, algo que no se hace.
Datos personales del trabajador
Por otra parte, con respecto a las competencias que se les asignan a las agencias de colocación, con o sin fines lucrativos, cuando firman un convenio con los Servicios públicos de Empleo para la intermediación laboral, hay que tener en cuenta –avisa UGT- que la información que se facilita por parte de un desempleado no sólo contiene aspectos de carácter profesional, sino que, en muchas ocasiones, se informa sobre aspectos de carácter personal -enfermedades, adicciones, situaciones familiares, etc.- por lo que es necesario garantizar la intimidad y esta garantía sólo se puede preservar desde el sector público. Es decir, para que esa información, de carácter personal, pueda ser conocida por agencias de colocación privadas, con o sin ánimo de lucro, debe tener como requisito previo la autorización del demandante de empleo. Tiene que ser un acto voluntario.
El sindicato advierte, por último, sobre el peligro de dualizar la intermediación laboral, puesto que se corre el riesgo de que los servicios públicos se conviertan en oficinas de asistencia social de intermediación y las agencias privadas se dediquen a colocar a los desempleados más cualificados y formados.
Por último, UGT denuncia que los sindicatos no han conocido hasta la aprobación del Real Decreto-Ley esta regulación tan detallada y exhaustiva sobre el papel de las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro.
