RRHH Press. La Unión Sindical Obrera (USO) considera que los datos que muestra la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año ponen en evidencia una vez más los discursos del presidente del Gobierno y sus ministros, cuando anunciaban por enésima vez que la crisis toca a su fin, que no alcanzaremos los 5 millones (se olvidan de Corbacho cuando nos decía que no llegaríamos a los 4). Hace un año el Presidente del Gobierno nos decía que ya habíamos tocado techo. Pues no solo no lo hemos tocado, sino que lo hemos vuelto a romper.Para la USO, es especialmente preocupante la pérdida de población ocupada, lo que implica directamente destrucción de empleo, con las consecuencias que ello tiene: más gasto en prestaciones y menos ingresos al Estado. La pérdida de ocupación en un trimestre de más de 250.000 personas supondría, de mantenerse ese ritmo, bajar de los 17.000 millones de cotizantes en la Seguridad Social, lo que implicaría un claro desequilibrio en sus cuentas.
El problema es el desempleo, no los pensionistas
Por ello, la USO vuelve a reclamar del Gobierno que fije bien sus prioridades, que el problema no son los pensionistas, a quienes han congelado su pensión mientras se produce un crecimiento de los precios del 3,8%, lo que les hace cada día más pobres. Tampoco es el principal problema la actual situación de nuestro sistema público de pensiones, cuya reforma comienza su andadura en las cortes.
El principal problema es el desempleo, frenar la destrucción de empleo que se está produciendo. Para ello es necesario que se reactive la actividad económica, que nuestro PIB crezca por encima del 2%, y eso solo será posible si la demanda interna y nuestro consumo crecen, y el crédito llega a las familias.
Ante estos datos el Gobierno nos va a ofrecer un nuevo plan para combatir el empleo sumergido, un nuevo brindis al sol del Ejecutivo, que solo parece empeñado en mejorar los datos estadísticos del paro y no solucionar el grave problema que este significa para millones de familias en nuestro país.
Lucha contra la economía sumergida
Desde la USO consideramos que la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal debe realizarse siempre, y no solo emprender acciones para que aflore el empleo sumergido. Esta acción debe ser algo estructural de la actividad del Gobierno, y no objeto de planes que, por su propia naturaleza, son perecederos. Las amnistías o ‘pseudoamnistías’ solo sirven para que estas prácticas se sigan realizando, y penalizan a quien cumple con la legalidad.
El Gobierno debe, en primer lugar, asumir que esta (la economía sumergida) existe y cuantificarla, diversificando los distintos sectores y ámbitos territoriales donde esta tiene más incidencia. Todos los estudios de entidades naciones e internacionales estiman que supone entre un 22% y 24% de nuestro PIB. Y que, por sectores, el sector inmobiliario y de la construcción es el que más aporta con unos 40.000 millones de euros.
Otra fuente que el Ministerio de Trabajo debería seguir es la diferencia existente entre los datos de personas ocupadas que da la EPA y el número de cotizantes a la Seguridad Social. A este dato habría que sumar aquellos que, estando dados de alta en la Seguridad Social, realizan alguna actividad que les reporta ingresos.
Desde la USO consideramos necesario que exista una coordinación eficaz entre los Ministerios de Economía y Hacienda y el Ministerio de Trabajo e Inmigración. Debe dotarse de recursos humanos y técnicos para realizar una actuación continua para asegurar el cumplimiento de la legalidad, y urge una reforma fiscal en profundidad para que todos tributen por sus ingresos reales, y no solo los asalariados que tienen una nómina. Además, deben erradicarse los paraísos fiscales, empezando por aquellos existentes en la propia Unión Europea, alguno de ellos dentro de nuestras fronteras.
