RRHH Press. La unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha declarado hoy que las medidas incluidas en el Plan de Regularización y Control del Empleo Sumergido aprobado hoy por el Gobierno son “muy limitadas, vinculadas directamente al empleo y no a la economía en general”, y que “favorecen tan solo a aquellos empresarios que han tenido el peor de los comportamientos, como es el de la explotación del trabajo ajeno sin la obligada protección social y reconocimiento de derechos”, según denuncia Sebastián Reyna, secretario general de la organización.Para UPTA, no se toman medidas para ayudar a emerger muchas actividades económicas independientes que se realizan sin la correspondiente alta en Hacienda y en la Seguridad Social del titular de la actividad, actividades desreguladas que se han extendido en el periodo de crisis y que están produciendo una fuerte competencia desleal que obliga al cierre de otros muchos negocios que se realizan en términos de legalidad, pero que no pueden afrontar los costes a los que la economía sumergida les obliga.
Estas actividades deberían aflorar reconociendo el carácter parcial, incluso marginal de las mismas, y para ellas deberían estar previstos, aunque sea de forma provisional, sistemas de pagos reducidos a la Seguridad Social y Hacienda.
En opinión de UPTA, en materia tributaria, el Gobierno debería incentivar los gastos correspondientes a diversas actividades, como las obras domésticas, los servicios a la dependencia o determinados sanitarios, con el fin de que los consumidores exijan la entrega de la documentación acreditativa necesaria del gasto efectuado. “La restricción del crédito y de las subvenciones para la creación de empresas, por su parte, no ayuda a emerger parte de la iniciativa empresarial, al no esperar sus promotores ningún tipo de ayuda externa”, explicar Reyna.
UPTA recomienda al Gobierno que, con la colaboración efectiva de las asociaciones que conocen la realidad económica de cada sector, aborde seriamente un plan de actuaciones fiscales, económicas y laborales que, sin descartar la necesidad de mejora de la acción inspectora y sancionadora, “consiga convertir en emprendimiento muchas actividades ocultas que están perjudicando el crecimiento económico, el consumo y el empleo”.
