RRHH Press. La Unión Sindical Obrera ha señalado hoy que el proyecto de ley que aprobará el Consejo de Ministros para la reforma de la negociación colectiva, precedido por la ruptura de las negociaciones entre los agentes sociales ‘más representativos’, “pone de manifiesto, una vez más, la inutilidad del actual modelo de diálogo social por la ineficacia demostrada y la falta de transparencia del mismo”.La USO considera que este proyecto de ley que presenta el Gobierno son “retoques superficiales, y que no entra a fondo a articular la negociación colectiva en los distintos ámbitos sectoriales, territoriales y de empresa, desde la complementariedad de ellos y acercando la negociación del convenio colectivo a los sujetos activos de la misma, especialmente en el ámbito de empresa, constriñendo esta capacidad a los representación unitaria de los trabajadores en beneficio de los aparatos sindicales ‘más representativos’”.
“Se abre así la puerta al neo verticalismo sindical de las centrales mayoritarias que se legitiman en los nuevos ámbitos de negociación y en los existentes por el acuerdo mayoritario de las secciones sindicales en la empresa, dejando sin esa capacidad a la representación minoritaria”, denuncia este sindicato.
Salvo pacto en contrario
Según USO, la frase más repetida en la nueva norma es “salvo pacto en contrario”, por lo que el contenido de la misma y la prevalencia de determinadas materias en los convenios de empresa “quedan supeditados al acuerdo que se alcanza en el ámbito superior, una nueva verticalización de la negociación colectiva”.
Además, el sindicato pone de relieve que, a lo largo de toda la norma, existe una “continua referencia a fijar los procedimientos para la remisión a sistemas no judiciales de resolución de conflictos”, algo que sería positivo si esos sistemas “fuesen independientes de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas”, lo que “no es así”. Según USO, son los sindicatos y patronales más representativos quienes, a través de fundaciones privadas sostenidas con fondos públicos, las gestionan y nombran a árbitros y mediadores, es decir, “son juez y parte en el conflicto”.
