Recursos Humanos RRHH Press - El consumo responsable es el escenario favorable que demandan las necesidades sociales y ambientales actuales. Sin embargo, el consumidor español sigue priorizando el aspecto económico, por lo que el resto de actores deben jugar un papel determinante para orientar este cambio de paradigma.
En este sentido, el 85% de las empresas se atribuyen esta responsabilidad, aunque reconocen el papel dinamizador que deben jugar las Administraciones Públicas y otros agentes socializadores, como escuelas, universidades, medios de comunicación y ONG.
Para favorecer esta transición, el 100% de las empresas coincide en que la clave está en la innovación aplicada a los servicios y productos. De hecho, el 89% de las empresas ofrece productos y servicios sostenibles y el 92% espera desarrollar o aumentar este segmento en el corto y mediano plazo.
A su vez, la oferta de dichos productos y servicios lleva aparejada el desarrollo de acciones de sensibilización específicas (93%) con una periodicidad mayor a la anual (67%) y suelen destacar los logos o etiquetas asociados a la misma en sus campañas de marketing (64%).
Estas son algunas de las conclusiones del Observatorio de Consumo Responsable puesto en marcha por Eroski y el Club de Excelencia en Sostenibilidad, el cual dará a conocer a principios de 2014 un informe completo con los resultados del análisis, buenas prácticas puestas en marcha por las empresas participantes y un compendio de recomendaciones para impulsar los modelos de producción y consumo orientados hacia la sostenibilidad.
Si bien las empresas son conscientes de que las principales barreras del consumo responsable son, por un lado, las inercias del sistema (70%) -hábitos de consumo, normas sociales y culturales-, y por otro, los costes asociados al diseño y producción de los productos y servicios (65%), consideran que éstas se pueden contrarrestar con un mayor liderazgo por parte de las Administraciones Públicas en la dinamización de recursos.
También señalan los efectos positivos de la dinamización de recursos para el desarrollo del consumo responsable por parte de la Administración Pública y la incorporación de criterios de sostenibilidad en sus mismos procesos de contratación.
Los datos son el resultado de un análisis cuantitativo y cualitativo de 45 empresas que desarrollan acciones en esta materia.
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