Redacción. El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI) ha vuelto a alertar a los futuros universitarios sobre un problema que considera estructural: de las 457 titulaciones de grado en la rama industrial que ofrecen las universidades españolas, 197 no habilitan para ejercer la profesión regulada de ingeniero técnico industrial. Por ello, quien curse alguna de ellas podría verse obligado, más adelante, a cursar otro grado o un máster específico para obtener esa capacitación legal.
Los datos proceden del tercer Informe Análisis de los estudios universitarios en Ingeniería 2025, elaborado por el Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España (INGITE) a partir de estadísticas del Ministerio de Universidades, en el que se advierte de que las titulaciones no habilitantes ya representan el 53 % de los grados en ingeniería, el 55,4 % de los alumnos matriculados y el 57,3 % de los egresados.
La tendencia lleva una década acentuándose. En ese periodo, las matriculaciones en grados habilitantes han caído un 5,39 %, mientras que las de los no habilitantes han crecido un 31,75 %. Solo en el último año, estos últimos registraron un incremento del 3,76 %. La tasa de graduación también es más alta en los grados sin habilitación: un 48,21 % en el curso 2023/2024, frente al 35,58 % de los habilitantes.
El impacto acumulado es significativo: más de 200.000 personas —entre titulados y estudiantes— tienen o están cursando titulaciones que no les otorgan capacidad legal para firmar proyectos, dirigir obras o emitir informes técnicos.
Las titulaciones que sí dan acceso a la profesión regulada son los grados en ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica y automática, y química industrial. El resto —energía, organización industrial, diseño industrial, tecnologías industriales, entre otras— no conducen, por norma general, a profesión regulada.
Ante este panorama, el COGITI ha publicado en su web una Guía de titulaciones para orientar a quienes están a punto de elegir carrera. La organización denuncia que las universidades habitualmente no facilitan esta información a los estudiantes.
El presidente de la entidad colegial, José Antonio Galdón Ruiz, va más allá y reclama una respuesta legislativa: "España necesita una política de país para la ingeniería, que integre la planificación educativa, la demanda laboral y la regulación profesional. Por ello, reiteramos la necesidad de avanzar hacia una Ley de la Ingeniería que aporte claridad al sistema, garantice estándares homogéneos de calidad y competencia, fomente las vocaciones, reduzca la conflictividad y asegure un marco profesional moderno, claro y adaptado a los retos globales".
Galdón también cuestiona la legalidad de algunas denominaciones: "No comparto el que haya titulaciones de ingeniería que no te permitan realizar las actuaciones propias de la misma, y que además considero incumplen la legislación española en materia universitaria (R.D. 822/2021), que indica de forma clara que el nombre de la titulación no puede inducir a error con los efectos profesionales que transfiere".
El presidente del COGITI ha reiterado su llamamiento a los ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades, y de Industria y Turismo, así como a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), para que atiendan las propuestas de los colegios profesionales.
