Recursos Humanos RRHH Press - El presidente del despacho Sagardoy Abogados, Iñigo Sagardoy, ha asegurado ante un centenar de empresarios y directivos familiares madrileños, convocados por la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM), que el objetivo fundamental de la reforma laboral emprendida por el Gobierno es lograr la flexibilidad del mercado del trabajo en España, de manera que “el despido sea la última alternativa del empresario para afrontar situaciones de crisis”. En este sentido, Sagardoy ha admitido que se trata de una reforma “profunda, decidida y valiente”, adaptada a Europa.
No obstante, el presidente de Sagardoy Abogados ha reconocido que la reforma constituye un asunto complejo y polémico, “y lo será durante mucho tiempo”, dado que se trata de la “punta de un iceberg” que anticipa numerosos y sustanciales cambios en materia de legislación laboral. “La ley es el inicio de una serie de cambios reglamentarios que vamos a ir viendo a lo largo de los próximos meses”, y supone un cambio cultural en el modo de entender las relaciones laborales en España, “que debe ser interiorizado por todos los agentes sociales, y por los jueces”.
Los cuatro pilares de la reforma
Para Sagardoy, la nueva reforma laboral se apoya sobre cuatro pilares fundamentales: la consecución de una mayor empleabilidad del trabajador, la apuesta por la estabilidad del empleo, la instauración de un sistema de negociación colectiva más dinámico y el logro de una mayor flexibilidad externa.
En relación con la consecución de una mayor empleabilidad del trabajador, el elemento clave de la reforma sería, a su juicio, el poner en manos del empresario un mayor número de elementos de flexibilidad interna. Como alternativa al despido, “una empresa va a poder modificar salario, jornada y funciones de una forma más flexible que en la norma anterior” como vía para adaptarse a situaciones críticas. Asimismo, ha valorado muy positivamente las medidas introducidas en el ámbito de la formación para mejorar la empleabilidad del trabajador y en particular el permiso retribuido de 20 horas anuales para formación.
El profesor de Derecho Laboral ha criticado la falta de flexibilidad del contrato a tiempo parcial, en el que todavía sigue existiendo en España un marco muy rígido en comparación con las legislaciones de otros países europeos. Este contrato representa el 13% del total de contratos en España, frente al 45% en Holanda o en Inglaterra.
Iñigo Sagardoy ha señalado que, sin ser el epicentro de la reforma la regulación de los despidos colectivos, sí que es necesario clarificar la intervención judicial en este tipo de procesos para evitar una mala aplicación de la norma. En este sentido, hay que recordar que la reforma elimina la autorización administrativa previa en casos de ERE, y se crea un procedimiento judicial nuevo, al no ser ya los juzgados de lo social, sino los Tribunales Superiores de las comunidades autónomas y la Audiencia Nacional, quienes serán en adelante competentes en este tipo de procesos.
Riesgo de judicialización
Una encuesta realizada por ADEFAM entre sus asociados, en total 70 empresas familiares madrileñas, que suponen una facturación agregada de 13.776 millones de euros (el 7,62% del PIB madrileño), revela que el 81% de los empresarios teme que la reforma laboral pueda perder eficacia por el hecho de haber quedado algunos de sus aspectos clave condicionados a interpretación judicial. En este sentido, más de un 75% considera necesaria la mejora de su contenido durante su próximo trámite parlamentario.
Entre los aspectos a mejorar de la ley, los empresarios familiares se decantan por la determinación de la documentación exigida a las empresas para probar las causas objetivas de despido (42,65%), la aclaración de las causas de modificación sustancial de las condiciones laborales (37,7%) y la clarificación de las causas objetivas del despido colectivo (11,5%).
No obstante, la inmensa mayoría de los empresarios familiares consultados (83,3%) sí que cree que la nueva norma será de capaz de crear empleo a partir del momento en que se active el crecimiento. En este sentido, es compartida por la mayoría (67%) la opinión de que se trata de la reforma laboral que necesita España para salir de la crisis.
Sobre la capacidad de la nueva norma para contener la destrucción de empresas, el 48% se inclina por atribuirle este efecto protector, mientras que el 42% piensa que no será así.
A la hora de valorar la reforma, esta es calificada positivamente por la mayoría de los encuestados. Para el 50% se trata de “una reforma moderada, aunque con aspectos positivos”, mientras que para el 45,8 % es “una norma avanzada, a la altura del resto de legislaciones europeas”.
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