Redacción. La Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía, la Junta de Castilla y León y la Región de Murcia van a firmar un acuerdo para coordinar políticas y compartir e implementar medidas en materia de empleo y formación que permitan lograr el objetivo común de reducir el desempleo en sus respectivos territorios.
Con este objetivo, los responsables de Empleo de los respectivos gobiernos regionales, Manuel Giménez (Comunidad de Madrid), Germán Barrios (Castilla y León), Miguel Motas (Región de Murcia) y Miguel Ángel García (Andalucía) han mantenido una reunión para fijar las bases de este protocolo de actuación.
Durante el encuentro de trabajo se ha puesto de manifiesto la importancia de compartir las buenas prácticas que las distintas regiones están aplicando para generar empleo de calidad.
Tras las reuniones que ha mantenido en las últimas semanas, las cuatro regiones han acordado firmar próximamente un acuerdo que recoja las condiciones y objetivos de ese trabajo conjunto.
Entre los aspectos clave estará la transformación de las oficinas de empleo y de los servicios que prestan a los demandantes, con especial incidencia en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías -digitalización o desarrollo de apps- que agilicen la puesta en contacto de las personas que buscan un empleo con las empresas que lo ofertan.
En este sentido, el incremento de la prospección de empresas será otro de los aspectos que se verán reflejados en el acuerdo, con el objetivo de identificar los perfiles profesionales más demandados por las compañías. Una información que permitirá dirigir las acciones de orientación y formación a los sectores y profesiones con mayores salidas laborales, elevando así la empleabilidad tanto de las personas en paro como de los trabajadores que quieren mejorar en su carrera profesional, y dando un papel protagonista a la actividad de las oficinas de empleo.
Además, el acuerdo también prestará atención a la creación de un protocolo unificado sobre el que los orientadores laborales de las distintas comunidades desarrollen sus actuaciones, la puesta en marcha de espacios en los que se potencie el emprendimiento colectivo, el impulso de programas de teleformación o la puesta en marcha de acciones formativas dirigidas a personas con discapacidad intelectual.
