RRHH Press. Las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha han aprobado esta semana por unanimidad la Ley de Promoción de la Seguridad y la Salud en el Trabajo en esta comunidad autónoma, una norma que la consejera de Empleo, Igualdad y Juventud, María Luz Rodríguez, ha definido como “respetuosa con el marco constitucional, novedosa y vanguardista en nuestro país”, además de “ambiciosa, de enorme trascendencia social y humana, y reclamada por la realidad laboral castellano manchega”.La nueva ley establece, entre otros extremos, ayudas económicas a las familias de víctimas de accidentes de trabajo, que podrán destinarse a gastos para llevar a cabo un proceso de recualificación profesional o rehabilitación del trabajador, así como para compensar la merma económica que se produzca en los ingresos familiares.
Asistencia psicológica a las víctimas de accidentes
Además, mediante esta normativa, se da rango legislativo a la asistencia psicológica de las víctimas, así como orientación jurídica para su defensa judicial frente a las consecuencias del accidente de trabajo.
Aparte del apoyo a las víctimas, la ley regulará medidas dirigidas a la incorporación de objetivos y contenidos relativos a la prevención de riesgos laborales en todos los niveles del sistema educativo.
Acceso a subvenciones públicas
Asimismo, la nueva ley dispondrá medidas dirigidas a incentivar la adopción de comportamientos preventivos por quienes pretendan acceder a subvenciones públicas o participar en la contratación administrativa. Del mismo modo, será necesario tener un plan de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas y no haber sido sancionadas por incumplimientos graves o muy graves de la normativa en esta materia.
Además, las empresas tendrán que informar, para acreditar su solvencia, sobre los recursos humanos y materiales en relación con los riesgos laborales, de forma que aquellas organizaciones más sensibles en materia preventiva, o que, incluso, desarrollen acciones de responsabilidad social relacionadas con la misma, tendrán prioridad para la contratación y concesión de subvenciones.
