Redacción. Un proyecto de Galletas Gullón que supondrá una inversión de 196,3 millones de euros y la creación de 140 empleos directos entre 2026 y 2030 ha sido declarado prioritario por el Gobierno de la Junta de Castilla y León.
La inversión tendrá además un efecto tractor sobre el tejido empresarial de la región a través de la red de proveedores de la compañía. Galletas Gullón prevé trabajar con más de 1.800 proveedores procedentes de Castilla y León, lo que se traducirá en la generación de más de 600 empleos indirectos vinculados a empresas suministradoras, transporte de materias primas y productos terminados, y otros servicios asociados a la actividad industrial.
Bautizado como "Proyecto de inversión en logística y nuevos alimentos homogeneizados y dietéticos en Palencia", el plan se articula en dos actuaciones. La primera consiste en la construcción de una nueva plataforma logística totalmente robotizada en Aguilar de Campoo. Contará con un silo de alto rendimiento de 38 metros de altura, climatizado, con seis calles y capacidad para 37.400 palés, además de una zona de muelles. Su puesta en marcha permitirá centralizar los procesos de recepción, almacenamiento y expedición, optimizar los costes logísticos y mejorar los plazos de entrega, en apoyo del crecimiento internacional de la compañía.
La segunda actuación contempla la construcción de un nuevo centro productivo en Villamuriel de Cerrato, dedicado a la elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y productos dietéticos. La instalación se configura como una plataforma industrial para las gamas sin gluten, sin lactosa y dietéticas, y contará inicialmente con tres líneas de producción, ampliables hasta nueve.
El centro incorporará sistemas de digitalización de la fabricación, trazabilidad integral por lote, control de alérgenos, inspección y control en línea, y medidas para mejorar la eficiencia energética.
La declaración como Proyecto Industrial Prioritario permitirá tramitar de urgencia todas las actuaciones competencia de la Administración de la Comunidad de Castilla y León relacionadas con las inversiones previstas, lo que reducirá a la mitad los plazos legalmente establecidos para su tramitación.
Por su parte, la empresa deberá mantener las inversiones y la actividad en los emplazamientos previstos durante al menos cinco años desde la finalización del proyecto, prevista para 2030, así como los objetivos de empleo durante un periodo mínimo de cinco años.
