Recursos Humanos RRHH Press. Las oficinas de la Administración General del Estado de atención presencial al público, principalmente las oficinas de empleo, las dependencias de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, registran al menos un caso diario de amenazas y agresiones físicas sobre los empleados públicos, según datos de Función Pública y del Ministerio de Empleo y Seguridad Social recogidos por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F).
Los datos, correspondientes a 2014, recogen casos de violencia física y verbal, insultos, descalificaciones, amenazas y daños contra el mobiliario de oficina. En total, se han comunicado un total de 357 casos en 12 ministerios u organismos, de los cuales un 11% corresponden a violencia física.
Según CSI-F, la grave situación de paro que afrontan los españoles hacen de las oficinas de empleo uno de los puntos calientes. A lo largo de 2014, el Servicio Público de Empleo Estatal registró un total de 227 comunicaciones de violencia, de las cuales un 26% fueron de carácter físico o verbal-físico (gritos, amenazas, golpes al mobiliario y en último extremo agresiones físicas).
En el primer trimestre de 2015 se han disparado estas situaciones, con un total de 121 comunicaciones de incidentes (el triple que en el mismo periodo del año anterior). Según reconoce la propia Administración, uno de los motivos de este incremento es la implementación de la nueva prestación por desempleo (Programa de Activación para el Empleo PAE) y la frustración que genera en muchas personas su denegación.
La mayoría de los casos no se denuncian
Las principales causas de incidentes son la denegación de solicitudes de prestaciones o subsidios, desacuerdo con la información recibida por el empleado público, petición de documentación, solicitud de certificados o carecer de cita previa o presentarse fuera de hora.
El tipo de violencia que más sufren los empleados públicos es verbal (insultos, gritos, amenazas), seguida por ‘verbal y física’ (la agresión comienza con gritos y finaliza con golpes al mobiliario o en el peor de los casos con una agresión física) y, en tercer lugar, directamente una agresión física.
El número de comunicaciones oficiales de incidentes por violencia es reducido por la creencia de que la denuncia “no sirve para nada”, o por el miedo a las represalias de los usuarios. Por eso, animamos a los trabajadores a denunciar y no tolerar estas situaciones. CSI-F entiende que las comunicaciones no reflejan la realidad completa, teniendo en cuenta en que se llevan a cabo más de 13 millones de gestiones cara al público y que en las oficinas de empleo se producen llamadas a la policía prácticamente a diario.
Las agresiones se producen más sobre mujeres, 52%, frente al 36,5% de los hombres, porque son mayoría en la plantilla y por su mayor vulnerabilidad. Además, se producen nuevas situaciones que hasta ahora no se habían dado como la grabación por móvil a los trabajadores y la amenaza de difusión en las redes sociales o la realización de amenazas por dichas redes.
Como consecuencia de estas situaciones, algunos empleados sufren situación de ansiedad, nerviosismo, angustia, tensión arterial, temor o miedo a represalias, indefensión, menosprecio por el trabajo que realizan a diario o desprotección por no existir vigilantes de seguridad en sus oficinas.
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