RRHH Press. España necesita abordar una transformación sustantiva de la Administración Pública y de sus procesos de gestión para hacerla más eficiente, según el 61% de los participantes del ‘Consenso Económico’ correspondiente al segundo trimestre de 2010, elaborado por PricewaterhouseCoopers a partir de un panel de 386 expertos y empresarios.Sin embargo, esta opinión generalizada va acompañada de un escepticismo también generalizado sobre que la reforma vaya a realizarse. Así, el 64% de los expertos cree que las medidas recientemente anunciadas por el Gobierno significarán un recorte del gasto, pero aseguran que no cambiarán el funcionamiento básico de las AAPP; y un 50% coincide en que, a pesar de todo lo que está sucediendo, no se va a producir ningún avance en los próximos años en lo que a la modernización de las AAPP se refiere.
Trabajadores y sindicatos contra la externalización
La externalización de servicios se plantea como una vía relevante para la reforma de las AAPP. Sin embargo, un 69,3% de los panelistas cree que encontrará resistencias entre los sindicatos, y un 54,4% piensa que este rechazo será entre los trabajadores del sector público. De hecho, un 44% de los expertos asegura que será preciso explicar a los agentes sociales la diferencia entre externalización y privatización.
Otra opción, como la implantación generalizada de la evaluación de políticas públicas, también es vista por los panelistas como necesaria, sin embargo, de nuevo abunda el escepticismo en que vaya a tener lugar.
Es significativo que el 57,9% de los encuestados asegure que el tamaño de nuestra Administración Pública es grande para los estándares europeos, y que un 68,2% esté de acuerdo en la necesidad de hacer desaparecer a las diputaciones y en concentrar ayuntamientos. Eso sí, previa aprobación del Congreso y tras una evaluación coste-beneficio. Además, el 77% de los expertos cree que el Estado de las Autonomías tiene unos mecanismos intrínsecos de aumento del gasto público que convendría atajar.
Finalmente, los panelistas del Consenso coinciden en señalar como los peores servicios prestados por las Administraciones Autonómicas y Centrales los relacionados con la regulación económica, la política económica e industrial y la Justicia.
La seguridad –Tráfico-, la Administración Tributaria y la Policía son, por el contrario, los mejor valorados.
