RRHH Press. La Generalitat de Cataluña ha anunciado hoy que tomará medidas para ajustar la Renta Mínima de Inserción (RMI) a su finalidad original, evitar cualquier indicio de fraude y hacer hincapié en la inserción social y laboral de las personas que reciben esta ayuda.La Generalitat creó esta Renta Mínima de Inserción –conocida popularmente como PIRMI– en 1990 con el objetivo de paliar situaciones de pobreza y exclusión social y condicionada al cumplimiento de medidas de inserción social y/o laboral.
Según el Gobierno regional, en los últimos años esta renta se ha ido desvirtuando y ha dejado de estar condicionada al cumplimiento de medidas de inserción, pasando a ser considerada como una renta garantizada y de carácter indefinido.
Como renta indefinida, y superando con creces, en algunos casos, el importe del salario mínimo interprofesional, ha llegado incluso a desincentivar la inserción en el mercado de trabajo de algunas de las personas perceptoras.
Debido a este hecho, al incremento exponencial de usuarios provenientes del paro y a la carencia de seguimiento individualizado y revisión de los itinerarios personales en los últimos años, se han producido “ciertos desajustes” del sistema de la RMI a los cuales el gobierno catalán desea hacer frente para garantizar, por un lado, el mantenimiento de la prestación, y por otra, el poder dirigir los recursos disponibles a las personas que realmente precisan de esta ayuda y que están con riesgo de exclusión social y/o de pobreza severa.
Entre las medidas puestas en marchas por el Ejecutivo catalán figuran la revisión individualizada de cada expediente durante el mes de agosto y septiembre, el cambio en el sistema de pago para hacerlo efectivo a través de un talón nominativo dirigido directamente al titular de la prestación, la inclusión de personas provenientes de la RMI en los planes de ocupación que se vehiculan a través del Servicio de Empleo de Cataluña y la actualización de las condiciones de acceso a la RMI incluidas en la Ley de Acompañamiento de Medidas Fiscales y Financieras de 2011, recientemente aprobada por el Parlamento de Cataluña.
