RRHH Press. CCOO y UGT han enviado al Gobierno un documento con sus observaciones al borrador de Real Decreto Ley que el Consejo de Ministros pretende aprobar en su reunión de mañana viernes, en el que critican que algunas de las iniciativas hayan sido sustraídas al diálogo social y rechazan la inclusión de nuevas reglas que precarizan más el empleo y debilitan los derechos de los trabajadores.En este documento los sindicatos ponen de manifiesto que la mesa de negociación en materia de empleo debería haber tenido la ocasión de debatir las cuestiones referentes al nuevo tratamiento del Fogasa y, especialmente, la suspensión al tope actual para encadenar contratos temporales, medida ante la que manifiestan su "absoluta oposición".
Según CCOO y UGT, "la crisis no justifica la inclusión de nuevas reglas que precaricen más el empleo", alegan los sindicatos, que ven "chocante" que se quiera promover la estabilidad laboral posibilitando que un trabajador pueda ser temporal en un mismo trabajo durante más tiempo.
En este sentido, los sindicatos recalcan que casi el 33% de los trabajadores temporales tenían un contrato inferior a seis meses en el segundo trimestre del año, y que en los terceros trimestres de cada año siempre se incrementan los temporales con contratos de entre uno y seis meses de duración debido a la temporada estival.
Así, "la temporalidad es necesaria para cubrir determinados empleos en actividades económicas muy estacionales. La forma de romper una excesiva temporalidad será a través del mayor peso de sectores que requieran de trabajadores formados y con cualificación adquirida en el puesto de trabajo", explican.
Para CCOO y UGT, la suspensión del límite para encadenar contratos temporales supone un "incumplimiento" de los compromisos adquiridos en los acuerdos sociales de 2006, además de una "transgresión de obligaciones" respecto a las normativas europeas.
Por otro lado, pese a compartir con el Gobierno la necesidad de que la formación debe ajustarse más a las necesidades de la empresa, CCOO y UGT se oponen a crear una nueva modalidad de contrato formativo y a cambiarlo de denominación.
De igual manera, los sindicatos consideran "excesiva" tanto la duración del contrato de formación propuesta por el Ejecutivo -dos años prorrogables a un tercero- como el que se puedan efectuar estos contratos con jóvenes de hasta 30 años. "Nos podríamos situar con personas que, al concluir su periodo formativo, tendrían 33 años (...) Se va a limitar la posibilidad de acceder a contratos estables a una gran cantidad de personas", argumentan.
Así, entienden que la edad máxima de los destinatarios de contratos formativos debe ser 21 años, aunque ceden en que, excepcionalmente y durante dos años, el tope pueda fijarse en 25 años. Además, señalan que para que esta modalidad contractual tenga éxito, resulta necesario regular todos los aspectos relacionados con las prácticas no laborales y el sistema de becas. Apuestan también por mantener la exigencia de tutores en la empresa y por limitar los contratos vía negociación colectiva.
En cuanto a las bonificaciones en la cotización a las empresas que hagan estos contratos, CCOO y UGT quieren que se eliminen las planteadas para la transformación en fijos (1.500 euros anuales o 1.800 si son mujeres las contratadas) al entender que se trata de una rebaja generalizada de alto importe, y se muestran a favor de mantener las otras (100% si lo contrata una empresa de menos de 250 trabajadores y 75% si iguala o supera esta cifra).
También rechazan CCOO y UGT la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2013 de las bonificaciones para convertir contratos temporales en contratos indefinidos de fomento del empleo estable (33 días de indemnización por despido procedente) al entender que no son efectivas para la creación de empleo y sí para elevar la temporalidad.
Los sindicatos afirman que el contrato indefinido de 33 días apenas representa un 0,8% de media en el total de la contratación laboral registrada en lo que va de año, en tanto que los contratos temporales suponen el 91,26% del total.
A lo que sí han mostrado su apoyo CCOO y UGT es a la prórroga de la ayuda de 400 euros a los parados sin ingresos, aunque ven con preocupación que el nivel de cobertura a los desempleados se haya reducido más de 10 puntos desde que se derogó el anterior programa, conocido como Prodi y cuyas ayudas alcanzaban los 426 euros.
Por último, CCOO y UGT se oponen a fusionar el Fogasa con el Servicio Público de Empleo Estatal, estimando que debe mantener su carácter autónomo, además de incrementar sus recursos humanos.
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