Recursos Humanos RRHH Press - El profesor de ética de IESE Business School, Domènec Melé, ha recordado criterios de ética social, racionales y razonables según los cuales "toda huelga es moralmente legítima cuando se presenta como un recurso inevitable, sino necesario, para obtener un beneficio proporcionado”.
Además, Melé ha asegurado que una huelga “resulta moralmente inaceptable cuando va acompañada de violencia o también cuando se lleva a cabo en función de objetivos no directamente vinculados a las condiciones de trabajo o contrarios al bien común".
En la convocatoria de huelga general del próximo 29 de marzo, se han utilizado desde el primer momento valoraciones éticas. Por un lado, los líderes sindicales de CCOO y UGT han afirmado que la huelga general “es inevitable, justa y necesaria”. Por otro, en contraste, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido de que convocar huelga general por la reforma laboral es “injusto” y “no ayudará a nadie”. El IESE plantea cómo, unos y otros, fundamentan sus valoraciones.
¿Cuándo es justa una huelga? ¿Qué criterios de reflexión aporta la ética social? ¿Qué dicen sobre la moralidad de la huelga quienes se suponen voces morales solventes? Para Domènec Melé hay tres puntos esenciales para valorar si esta huelga es justa o injusta.
En primer lugar, hay que preguntarse si la huelga es realmente inevitable o necesaria para obtener el beneficio que se busca. "Es muy dudoso que en la situación actual la huelga pueda cambiar la firme voluntad del Gobierno, fuertemente presionados por Bruselas, de sacar adelante una reforma laboral en profundidad, que estiman muy necesaria, aunque están dispuestos a introducir mejoras. Los sindicatos han promovido sonadas manifestaciones en la calle y todo el mundo sabe que se oponen a la reforma. En este momento no está claro por qué es necesaria e inevitable una huelga general", afirma Domènec Melé.
"Una huelga general es siempre política y, en un estado democrático, hay cauces de participación bien establecidos que, salvo casos muy excepcionales, hacen innecesaria una huelga general", asegura el experto del IESE. Melé cree que los sindicatos, más que ir a la huelga, deberían presentar enmiendas –cosa que ya han hecho– y presionar a los legítimos representantes del pueblo – también están en ello – para que mejoren la ley.
En segundo lugar, hay que preguntarse si los daños son proporcionados a los beneficios que se pretenden logar. El profesor Melé señala que los daños que ocasiona una huelga general son cuantiosos, no solo en términos económicos inmediatos y en perjuicios para muchas personas, sino también en pérdida de reputación como país, lo cual puede desincentivar futuras inversiones.
"La CEOE ha cifrado en 1.000 millones de euros el coste inmediato de la huelga contando un seguimiento de solo el 35%. Eso, en un año en el que, según estimaciones del Banco de España, nuestra economía retrocederá un 1,5% y el paro, actualmente en el 22,85%, subirá al 23,4%", recuerda Melé.
En cuanto al recurso a la violencia, quizás no se dé, pero, a juzgar por la experiencia de huelgas generales anteriores, puede haber violencia, al menos en forma de piquetes que impidan ejercitar el derecho a ir a trabajar. ¿Estarían dispuestos los sindicatos a prescindir de sus piquetes?
Por último, según el profesor del IESE, hay que analizar si la huelga está directamente vinculada a las condiciones de trabajo o es contraria al bien común. "Eso último exige considerar si la huelga responde realmente a razones de justicia social o solo a intereses de parte (poder sindical y conservación de derechos laborales)”.
“En este punto hay que ponderar que la justicia social se extiende no solo a las condiciones de contratación, despido y negociación colectiva de quienes gozan de un puesto de trabajo, sino también al derecho a trabajar de quienes están en el paro", recuerda Domènec Melé.
El profesor añade que "muchos defienden que unas condiciones más flexibles, junto a medidas de estímulo al crecimiento económico, facilitaría disminuir la tasa de desempleo, que en estos momentos es dramática: 5.273.600 personas que quieren empleo y no lo encuentran. Si es así, difícilmente se puede afirmar que la huelga general se justifica por el bien común".
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