Recursos Humanos RRHH Press – Los sindicatos CCOO y UGT han criticado y rechazado hoy la decisión del Gobierno de Cristina Kirchner de expropiar el 51% de las acciones de YPF a la petrolera española Repsol.
Así, tras conocer la decisión del Ejecutivo argentino, la Confederación Sindical de CCOO y su federación sectorial FITEQA han expresado su desacuerdo y rechazo a una medida que “causará graves perjuicios a los accionistas, sobre todo a los pequeños accionistas, a los trabajadores y a la economía española, en un momento especialmente delicado por la situación de crisis y recesión por la que atraviesa, y por la presión de los mercados financieros y especulativos”.
CCOO ha advertido de que la decisión puede debilitar la estructura industrial de la empresa YPF y deteriorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de Repsol”.
Por su parte, UGT ha condenado la expropiación y ha mostrado su preocupación por el impacto que la medida puede traer sobre la economía española y, sobre todo, sobre el empleo directo e indirecto ligado a la multinacional Repsol.
El sindicato ha asegurado que esta expropiación representa “una agresión inaceptable a los intereses económicos españoles, que tiene graves consecuencias inmediatas, pero, sobre todo, a medio y largo plazo”.
Para UGT, “resulta evidente el trasfondo hostil de la actuación, en la medida en que la nacionalización decidida afecta únicamente a la parte accionarial propiedad de Repsol, y no al 25% que posee el grupo Petersen, propiedad de la familia argentina Eskenazy, ni al restante 17% en manos de otros accionistas. Es decir, se trata de una actuación que no busca únicamente controlar la mayoría de la empresa energética, sino de hacerlo estrictamente contra los intereses de la empresa española”.
Perjuicio de la fiabilidad de Argentina como país
Para UGT, “una decisión unilateral de este tipo no tiene cabida en el marco legal internacional, por cuanto vulnera no solo los pactos y acuerdos alcanzados en su momento por el propio gobierno argentino y la multinacional española en 1998, cuando esta desembarcó en YPF en una operación realizada por el propio gobierno argentino, sino también los tratados internacionales que salvaguardan la seguridad jurídica internacional”.
“Este es un valor imprescindible para alentar las inversiones extranjeras, y la acción de la Presidenta Kirchner genera una fuerte desconfianza sobre la fiabilidad de Argentina como país que sin duda provocará graves consecuencias económicas y financieras”, concluye UGT.
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