Recursos Humanos RRHH Press – El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha asignado nuevas funciones a las direcciones territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las comunidades autónomas con el objetivo de luchar contra el fraude.
Así, desde el pasado 12 de agosto, estos organismos territoriales podrán desarrollar acciones sobre sectores, situaciones o empresas cuya actividad rebase el ámbito provincial y no exceda el de la comunidad autónoma. Todo ello sin incrementar los recursos humanos y materiales de que disponen.
Entre las nuevas tareas inspectoras de las direcciones territoriales están las de perseguir el trabajo no declarado a la Seguridad Social y el fraude en la obtención de prestaciones del Sistema; velar por el cumplimiento de la obligación de cotizar; combatir el uso fraudulento de bonificaciones o reducciones de cuotas y aquellas que le asigne la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Todas estas funciones “se alinean con el objetivo del Gobierno de combatir con todos los medios a su alcance el grave problema del trabajo no declarado y el fraude a la Seguridad Social”, según señalan desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Nuevas competencias de los directores territoriales
Para llevar a cabo este nuevo cometido, los directores territoriales tendrán facultades de organización, ejecución y seguimiento de operaciones y de actuaciones sobre sujetos, situaciones o sectores de actividad que puedan operar dentro del territorio de una comunidad autónoma.
De esta forma la máxima autoridad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en una comunidad autónoma podrá actuar de forma más efectiva en la lucha contra el fraude.
Los directores territoriales dirigirán la investigación de posibles supuestos de fraude cuando las empresas operen con estructuras descentralizadas en distintas provincias y territorios como ocurre en los supuestos de contratas y subcontratas de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de la empresa principal.
De esta manera se cubre la laguna que se generaba cuando, a pesar de haberse detectado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social situaciones de fraude en una provincia, las empresas investigadas disponían de otros centros de trabajo ubicados en una provincia distinta, incluso fuera de esa comunidad autónoma.
Lo que se pretende es que los inspectores y subinspectores adscritos a las direcciones territoriales puedan extender su actividad a todo el territorio de la comunidad autónoma y que, además, puedan servir como estructuras de intercambio de información con la Dirección Especial (que tiene competencias sobre todo el territorio nacional) y con las Inspecciones Provinciales.
RRHHpress
