Recursos Humanos RRHH Press. El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de hoy un contrato del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) con las agencias de colocación sobre la base del Acuerdo Marco de colaboración con estas entidades de 2013.
Según el Ejecutivo, este contrato supone un impulso a la intermediación laboral en el mercado de trabajo, aprovechando los beneficios de la colaboración público-privada. Su objetivo es la colocación de demandantes de empleo de todo el territorio nacional en el plazo de un año desde la formalización de los contratos con las agencias adjudicatarias. Están excluidos Ceuta y Melilla y los beneficiarios del PREPARA, dado que en ambos casos existe otro procedimiento específico.
El contrato contará con un presupuesto total de 41,7 millones de euros, a distribuir entre 2015 y 2016, a razón de 5 y 36,7 millones de euros, respectivamente.
Una característica relevante de este acuerdo es la identificación de 4 lotes de contratación en función del perfil de los desempleados a insertar, en concreto, en función del tiempo que lleven registrados como demandantes de empleo, con un mínimo de 3 meses: 3-6 meses, 6 meses-1 año, 1-2 años y más de 2 años.
Además, siguiendo el esquema que ya establecía el Acuerdo Marco, estos servicios de colocación se retribuirán en función de los resultados, medidos en términos de la inserción efectiva de los demandantes de empleo durante, al menos, 6 meses -contados dentro de un período de 8 meses-.
Así mismo, se contemplan incentivos adicionales para contrataciones de mayor duración. Todo ello, sin perjuicio de importes mínimos por beneficiario atendido, para favorecer un tratamiento individualizado y la adecuada orientación para el empleo.
El Gobierno ha recordado que el Acuerdo Marco de Intermediación Laboral, aprobado en agosto de 2013, supuso el establecimiento de la arquitectura común de la colaboración público-privada en España y una preselección de 80 agencias con las que ahora pueden formular contratos los Servicios Públicos de Empleo. Los Servicios Públicos de 14 comunidades autónomas y el SEPE se adhirieron al Acuerdo.
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