Recursos Humanos Press. El pasado 5 de junio RRHHpress.com publicaba la noticia de que el Gobierno pagará 1,4 millones de euros para formar en materia de seguridad social a sindicalistas de Latinoamérica.Una simple nota informativa que reflejaba, coincidiendo con la peor crisis económica que ha afectado y afecta a España en su época reciente, cómo el Gobierno iba a destinar ese dineral a financiar “organizaciones de empleados” en Hispanoamérica, es decir, financiar sindicatos de allí, como si no fueran suficientes los de aquí.
Salvo el titular de la noticia, el texto de RRHHpress.com recogía fielmente la información facilitada por el propio Gobierno sobre el asunto.
Casi una semana más tarde el diario ABC se hacía eco de la “donación” del Gobierno a favor de los sindicalistas latinoamericanos, y denunciaba que esto se hacía días después de que el Ejecutivo congelara las pensiones de los españoles.
ABC, tras aportar una relación de los millones de euros ‘inyectados’ a los sindicatos latinoamericanos desde 2.006 por la Seguridad Social española, 2,8 millones de euros, señalaba que “lo sorprendente e inquietante, más allá de la lluvia de millones que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ha vertido sobre los sindicalistas iberoamericanos, es que el Ministerio de Trabajo decidiera que fuera la Tesorería General quien hiciera frente a esos pagos, no sólo porque la TGSS tiene estrictamente tasadas sus competencias y funciones, aparentemente incompatibles con la financiación de los agentes sociales de Latinoamérica, sino porque existen organismos como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dependiente del Ministerio de Exteriores, que cuentan con competencias expresas para llevar a cabo este tipo de ayudas”.
Según el Diario, “el Gobierno socialista carga sobre los pensionistas el peso del recorte social y les pide, junto a los funcionarios, un «esfuerzo colectivo» para la reducción del déficit público, mientras que el organismo encargado de velar por la viabilidad del sistema de la Seguridad Social, el que administra y gestiona las cotizaciones de los trabajadores y empresas para garantizar el futuro de las pensiones, destina apenas dos semanas después del «decretazo», 1,4 millones de euros de su presupuesto a los agentes sociales del otro lado del Atlántico para seguir «fortaleciendo» la formación en materia de seguridad social de los sindicatos de Latinoamérica. Para ellos, no hay congelación alguna. Para cinco millones de pensionistas españoles, sí”.
Defender lo indefendible
Por su parte, el sindicato CCOO, receptor habitual –junto a UGT- de subvenciones millonarias del erario público, denunciaba que la información de ABC manipulaba gravemente la naturaleza y objetivos de esta cooperación, alegando extremos tales como la protección de los trabajadores iberoamericanos, la creación de sistemas de Seguridad Social en aquellos países, etc.
Además, CCOO señalaba que quienes critican de forma demagógica y falta de rigor este tipo de iniciativas no hacen sino ayudar a empobrecer a los más necesitados, utilizándolos como instrumento con el que atacar a las organizaciones en cuya naturaleza está precisamente proteger a los más débiles: Los sindicatos".
¿Falta de rigor? ¿Demagogia? Se pueden llenar páginas enteras –como hace CCOO- hablando de convenios internacionales que fundamentan las generosas aportaciones del Gobierno de España a sindicalistas extranjeros, ONGs, organismos internacionales, etc., convenios, como éste, propuestos –señala el sindicato con cierta solemnidad- por el propio Rey Juan Carlos I, quien, si mañana le ponen un papel que diga que España va a ir a la luna, también lo propondría, dado su mero carácter institucional.
Sin embargo, y la realidad es ésta, la nueva subvención del Gobierno es una más de los muchos millones de euros que parten, a fondo perdido, de las arcas del Estado (bolsillo de los españoles) en dirección casi siempre desconocida y con resultados igualmente ignorados. Subvenciones que, normalmente, se pierden, aunque cada vez menos, en las páginas de un boletín oficial, porque están especialmente transcritas como para que nadie tenga el atrevimiento de leérselas, y mucho menos de explicarlas.
Y es irrefutable que, mientras los ciudadanos se aprietan el cinturón por decreto, y los políticos combinan hasta tres o más sueldos en una misma persona, incluyendo exenciones de impuestos, dietas y privilegios oficiales, el Gobierno sigue malgastando el dinero público en aras –en esta ocasión- de una presunta mejora de las condiciones laborales y sociales de los ciudadanos hispanoamericanos, o, mejor dicho, y sin presunciones que valgan, de sus sindicalistas.
Y esto es sólo el chocolate del loro.
