inversionRRHH Press. La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ha destinado, en lo que va de año, 3,6 millones de euros para fomentar la puesta en marcha de iniciativas de autoempleo y en ayudar al mantenimiento y consolidación de las que ya estén desarrollándose.

Este organismo, a través del Servicio Andaluz de Empleo, ha abierto durante este año tres plazos de convocatorias con este objetivo, la última finalizada el 30 de septiembre.

Hasta la fecha, 564 autónomos cordobeses han podido disfrutar de estos incentivos que dan prioridad a las actividades más vinculadas a la economía sostenible, como la atención a la dependencia, los servicios a la conciliación, el sector medioambiental y de energías renovables, la rehabilitación de viviendas y espacios públicos y las nuevas tecnologías. Las ayudas han alcanzado en algunos casos los 11.000 euros.

La primera convocatoria contemplaba dos modalidades de incentivos, la creación y modernización. De ella se han beneficiado 164 personas y la mayoría de las subvenciones, un 87%, se han destinado a la puesta en marcha de iniciativas de autoempleo. La segunda convocatoria incentivaba el establecimiento y mantenimiento de la actividad del trabajo autónomo y han sido 400 los beneficiarios, la mayoría de ellos, el 81%, por iniciar una actividad emprendedora.

La Junta de Andalucía considera a los autónomos un sector estratégico, debido a su papel dinamizador, por la generación de empleo y por su cada vez mayor presencia en los sectores económicos emergentes relacionados, entre otros, con los nuevos yacimientos de empleo. En este sentido, el Consejo de Gobierno ha acordado iniciar, esta semana, la tramitación del anteproyecto de la Ley Andaluza de Promoción del Trabajo Autónomo.

El texto, que ahora se somete a información pública, reúne todas las medidas de la Administración autonómica para respaldar a un colectivo que actualmente supera los 50.000 trabajadores por cuenta propia en la provincia de Córdoba. Su aprobación convertirá a Andalucía en la primera comunidad autónoma que eleva a rango de ley las políticas en esta materia.

Elaborado por la Consejería de Empleo, el anteproyecto incluye incentivos directos para el inicio y el mantenimiento de los proyectos, bonificaciones y exenciones fiscales, disposiciones para facilitar la conciliación con la vida familiar y una amplia batería de medidas de asesoramiento, asistencia técnica, promoción del trabajo en red, formación y reciclaje profesional.

Las líneas de respaldo financiero directo, donde se incluyen las dos últimas convocatorias de este año, seguirán el modelo de la actual Orden de Incentivos al sector, vigente desde el pasado mes de mayo y que fija ayudas de entre 4.000 y 11.000 euros, con atención preferente a proyectos en áreas territoriales desfavorecidas, vinculados a la economía sostenible.

 

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