RRHH Press. La Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CCOO (COMFIA) y la Federación de Servicios de UGT (FES) saldrán mañana a la calle para exigir el mantenimiento del empleo en las Cámaras de Comercio, con motivo de la eliminación de la obligatoriedad del pago de la cuota cameral por parte de las empresas a estas entidades, según a informado COMFIA.Según CCOO, el cambio del sistema de financiación regulado en el decreto gubernamental 13/2010, pone en peligro la continuidad de las centenarias Cámaras de Comercio, Industria y Navegación. Estas son entidades de derecho público encargadas de la gestión de los colectivos adscritos a ellas, tuteladas desde las administraciones y que realizan, entre otras, funciones público-administrativas.
La plantilla actual de las Cámaras de Comercio a nivel estatal asciende a cerca de 3.600 trabajadores, repartidos entre las 88 Cámaras existentes, sin contar el empleo indirecto que generan, señala CCOO.
El Real Decreto-Ley 13/2010 introduce cambios importantes en la financiación de las Cámaras, ya que cambia el sistema de inscripción obligatoria, por otro de afiliación voluntaria. Esta medida supone que el 60% de la financiación “obligatoria” que se obtiene actualmente está en entredicho, denuncia el sindicato.
Por ello, la voluntariedad en la adscripción de las empresas a las Cámaras que establece la nueva normativa no solo implica la puesta en cuestión de estas instituciones, sino que, y sobre todo, pone en riesgo la viabilidad del empleo de las mismas, denuncia COMFIA.
En este contexto, “la efectiva reducción de ingresos, la posible disminución de los servicios, la falta de previsión del Gobierno de incorporar un sistema transitorio y la probable actitud de las propias Cámaras de aprovechar esta circunstancia para hacer reestructuraciones de plantilla, sin la participación de la representación sindical y del personal afectado, crea un panorama ante el que debemos actuar con diligencia”, afirma el sindicato.
Por estos motivos, CCOO solicitará, junto con UGT, reuniones con los Consejos Superiores (a nivel estatal y autonómico), las distintas Cámaras territoriales y el Ministerio de Economía, para “buscar un posible camino en común para corregir la situación a nivel del RDL, pero, igualmente, para trasladarles que cualquier proceso de reordenación debe ser negociado con la representación de los trabajadores”.
