EP. Partido Popular, CiU, el bloque que conforman ERC, IU, ICV, BNG y NaBai, y UPyD han presentado un conjunto de votos particulares al informe de recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo que mañana votará el Pleno del Congreso en los que coinciden en exigir un rechazo explícito al aumento de 65 a 67 años de la edad legal de jubilación.Estos grupos parlamentarios, en especial el PP y las minorías de la izquierda parlamentaria, han acercado posiciones en los últimos días para consensuar unas propuestas capaces de suscitar "apoyos recíprocos", si bien finalmente no han llegado a presentar un texto conjunto y confían en forzar una derrota parlamentaria del PSOE en una jornada clave, sólo tres días antes de que el Gobierno apruebe su anteproyecto de reforma laboral.
Así las cosas, los socialistas sólo cuentan con el apoyo de sus socios presupuestarios, PNV y CC, que ya se retrataron durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2011 apoyando la congelación de las pensiones contributivas para este ejercicio, una cuestión que el bloque que lideran ERC e IU también incluyen en sus votos particulares para mañana.
Esto a pesar de que el texto de recomendaciones aprobado a finales de 2010 ya expresaba el desacuerdo explícito a un eventual incremento de la edad de jubilación hasta los 67 años y la 'censura' a la congelación de las pensiones del próximo año, con la exigencia al Ejecutivo de que no vuelva a aprobar una medida similar "sin la consulta y el debate" previó del Pacto de Toledo.
Aunque el informe global de recomendaciones será previsiblemente aprobado con los votos de PSOE, CiU, PNV y CC y el rechazo de las minorías de izquierda, el debate se centrará en la cuestión más polémica del proceso de reforma de las pensiones que el Gobierno está negociando con patronal y sindicatos.
En este sentido, el hecho de que CiU haya presentado a última hora un voto particular en el que afirma que "no parece imprescindible y necesario" aumentar la edad legal de jubilación que hoy existe "de manera homogénea y forzosa para el conjunto de las personas" y aboga por un marco "flexible" complica la situación de los socialistas, que pretendían llevar a su discusión con los agentes sociales un acuerdo suficientemente amplio en el parlamento.
