EP. El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado, con los únicos votos a favor del PSOE y CC y la abstención de PP, CiU, PNV y UPN, el decreto ley de medidas para la regularización y control del empleo sumergido, que establece un periodo de regularización voluntaria hasta el 31 de marzo, y que endurecerá desde ese momento las sanciones administrativas a empresas y trabajadores, llegando a multiplicar las multas hasta por cinco en algunos casos.La abstención de los nacionalistas vascos y catalanes, que han justificado para no ser "corresponsables" del plan, ha permitido a los socialistas salvar el rechazo de ERC, IU, ICV, BNG y UPyD. Si bien las críticas a la norma han sido unánimes desde todos los grupos de la oposición, han coincidido en calificar el decreto de "insuficiente" y denunciar lo que consideran una "amnistía" a las empresas.
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha defendido que el decreto responde a una coyuntura económica que exige "medidas contundentes" contra una economía sumergida que presenta "evidentes efectos negativos" para el conjunto de la sociedad, las empresas y las cuentas públicas.
En este sentido, ha insistido en que este "combate contra la crisis y la desconfianza en la economía española" pasa por "recuperar el mayor número de cotizantes posible" y no contempla "ninguna amnistía", ya que las empresas sólo podrán acceder a bonificaciones y ayudas si regularizan a sus trabajadores "voluntariamente" y no hay ningún proceso de inspección abierto contra ellas.
Aunque ha eludido precisar el impacto de la norma al menos hasta el 31 de julio, ha adelantado que en la segunda mitad del año se incrementarán un 10% las actuaciones de inspección, si bien esto no se traducirá en un aumento de la plantilla de los inspectores, a cuya "responsabilidad" ha apelado.
Sanciones
Así, ha recordado que el plan establece que a partir del 1 de agosto, una empresa que incumpla la obligación de alta de un trabajador en la Seguridad Social tendrá a partir de agosto una sanción mínima de 3.126 euros, cinco veces superior a la actual de 626 euros, y máxima de 10.000 euros, frente a los 6.250 euros actuales.
Por otro lado, cuando el trabajador que compatibilice el cobro de la prestación por desempleo con trabajos 'en negro' la empresa verá incrementada la sanción mínima de 6.251 euros a 10.000 euros, mientras que la máxima se mantendrá en los 187.515 euros. "Queremos lanzar un mensaje contundente de tolerancia cero frente al empleo irregular", ha remarcado.
La iniciativa, que lleva en vigor desde primeros de mayo, comprende una intensificación de la actividad y la eficacia de las actuaciones de vigilancia y control del trabajo no declarado por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el marco de las distintas acciones emprendidas contra el fraude en los últimos años, con un incremento del 10% en la plantilla. En esta misma línea, el plan incluye la realización de campañas de sensibilización pública.
Además, las empresas que hayan cometido infracciones muy graves perderán automáticamente las ayudas, bonificaciones y, en general, los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo, con efectos desde la fecha en que se cometió la infracción, y podrán ser excluidos del acceso a tales ayudas por un periodo máximo de dos años, que se reduce a un año cuando la infracción es grave.
Por otro lado, el decreto amplía del 10% al 20% la desgravación en el IRPF por rehabilitación de viviendas, que se creó en abril de 2010 en el marco de los Pactos de Zurbano, con la intención de contribuir a generar empleo a través del impulso de esta actividad y mejorar el parque de vivienda existente.
