RRHH Press/EP. El Ministerio de Trabajo de Brasil ha emitido 52 actas de infracción de normas laborales en talleres de confección que trabajan para un proveedor de Zara, firma propiedad del grupo textil español Inditex, después de que catorce trabajadores bolivianos y uno peruano fueran localizados en una situación "análoga a la esclavitud" en dos locales al norte de Sao Paulo.“Entre otras irregularidades se constataron jornadas de trabajo excesivas, servidumbre por deudas y una precaria situación de higiene”, según declara Renato Bignami, subsecretario de la Inspección de Trabajo brasileña, en el periódico 'Jornal Do Brasil'. Los quince trabajadores recibirán una indemnización de 150.000 reales (unos 65.000 euros), y la empresa responderá ante el Ministerio de Trabajo y Empleo.
Según 'Jornal Do Brasil', las investigaciones comenzaron a finales de junio, cuando los fiscales de Trabajo encontraron a 52 trabajadores en condiciones degradantes en un taller de confección de la misma empresa en el municipio de Americana, en el interior de Sao Paulo. A raíz de ese descubrimiento, los funcionarios comenzaron a investigar toda la cadena productiva de Zara y pusieron a los trabajadores afectados bajo el cuidado del Gobierno de Brasil.
Por otro lado, la auditora del Ministerio de Trabajo y Empleo brasileño Juliana Casiano ha señalado, en declaraciones al periódico brasileño 'O Globo', que Zara tiene "fallos serios" en el seguimiento de sus proveedores, y que los casos inspeccionados no son aislados. De acuerdo con la investigación, al menos 33 talleres vinculados a la marca Zara estarían en la misma situación en la región.
Según Casiano, que coordinó las investigaciones, entre las infracciones cometidas por el proveedor de Inditex se incluyen también acciones de discriminación étnica de indígenas de las tribus quechua y aymará, que recibían un trato peor que otros trabajadores.
La funcionaria de Trabajo calificó de “impactantes” las irregularidades encontradas, con personas trabajando y viviendo en espacios muy pequeños y sucios, con menores viviendo en las mismas instalaciones, sin agua caliente. También hallaron a una menor de 14 años, sin estudios, que trabajaba como cocinera y en otras labores.
La mitad de los trabajadores –continúa Casiano- no tenían ninguna identificación, y habían entrado en el país a través de tráfico ilegal de seres humanos, para pagar deudas contraídas. “La situación era muy, muy grave”.
