Recursos Humanos RRHH Press – Cerca de 158.000 trabajadores de algún colectivo con dificultad de acceso a la ocupación perderían su empleo si las empresas de Economía Social dejaran de actuar como tales y actuaran como empresas ordinarias, según un ejercicio de simulación desarrollado por Abay Analistas Económicos y Sociales, coautor junto con CEPES, Confederación Empresarial Española de Economía Social, del estudio ‘El impacto socioeconómico de los principios de las empresas de economía social’.De esos 158.000 trabajadores que se quedarían sin empleo, 84.403 serían trabajadores con discapacidad, 1.622 trabajadores en riesgo de exclusión social, 6.635 trabajadores mayores de 55 años, 3.664 mujeres mayores de 45 años y 61.562 trabajadores de baja cualificación.
Además, un importante número de trabajadores vería modificadas sus condiciones de trabajo. En este sentido, unos 6.800 trabajadores -no incluidos en los colectivos del punto anterior- se verían obligados a cambiar su jornada completa actual por una jornada parcial no deseada, y cerca de 156.000 trabajadores verían reducido su salario.
Por otro lado, cerca de 10.500 trabajadores que han disfrutado periodos continuos de empleo en la economía social pasarían a tener una o más experiencias de desempleo, y un número importante de trabajadores se vería afectado por aspectos relacionados con la igualdad de oportunidades en la empresa: más de 4.100 empleados pertenecientes a colectivos habitualmente infra representados en los puestos más altos de las empresas (mayores de 55 años, con discapacidad o mujeres) dejarían de ocupar estos puestos.
Si se anulase la oferta de la Economía Social de determinados servicios sociales o de interés social, es decir, si su interés por estos servicios fuese similar al de las empresas ordinarias, en torno a 1.000 empresas que actualmente prestan servicios para personas mayores y personas con discapacidad y cerca de 2.500 empresas del ámbito de la educación y de otros servicios sociales -que incluye las guarderías- desaparecerían, afectando de forma importante tanto al nivel como a la diversidad en la oferta en esta actividades.
Si las empresas de economía social se comportasen como “empresas ordinarias” a la hora de elegir su ubicación geográfica se perderían unos 59.000 puestos de trabajo en las zonas rurales, y la población residente en estas zonas probablemente se reduciría en unas 102.000 personas.
Las empresas de Economía Social son, según CEPES, una realidad incuestionable en el escenario socioeconómico español: Más de 45.000 empresas, 2.350.000 empleos y una facturación que ronda los 100.000 millones de euros.
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