Redacción. El Gobierno de España ha aprobado este fin de semana los reales decretos leyes 9 y 10/2020, de 27 y 29 de marzo, en los que se adoptan nuevas medidas, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del Covid-19, e incluyen medidas complementarias al real decreto ley 8/2020, en el que se regulaba la tramitación de las solicitudes de prestación por desempleo, el control de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y la interrupción del cómputo en los contratos temporales, así como la regulación de un permiso retribuido recuperable para trabajadores por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población.
Según Javier Blasco, director del Adecco Group Institute, centro de estudios y divulgación del Grupo Adecco, las nuevas medidas tienen dos lecturas. “La valoración positiva que se extrapola de estas medidas es la voluntad de minimizar el riesgo de contacto para anticipar la desaceleración de nuevos contagios y evitar el colapso del sistema sanitario. La lectura negativa viene por la inseguridad que genera una normativa en continuo cambio y sin percepción de que corresponda a una estrategia clara”.
En este sentido, el directivo de Adecco cree que, a corto y medio plazo, estas medidas afectarán positivamente al mercado laboral dependiendo de varios factores; “si no se aceleran los aprovisionamientos a centros sanitarios, empresas y sociedad en general -sistemas de detección y de protección individual- y como alternativa se siga profundizando en la paralización de la actividad de las empresas y autónomos, y en el endeudamiento de estos, puede que muchos empleadores no sobrevivan a esta crisis”.
“Las cifras que conocemos son muy preocupantes -ERTEs, previsión de caía del PIB- y por eso hay que apoyar más que nunca las medidas de flexibilidad y de apoyo para el mantenimiento del empleo, pero no a costa de un tejido empresarial que es muy vulnerable y no tiene capacidad ni de endeudamiento ni de mantenerse sin actividad, si queremos que los empleos no se pierdan”, añade.
No se puede exigir el pago de cotizaciones e impuestos si no hay actividad
Blasco también valora si estas medidas son más beneficiosas para trabajadores o para empresas, señalando que “no son ni buenas ni malas fuera de contexto, y deben compensar las diferencias entre colectivos y tipos de empresa. Hay una parte de trabajadores que pueden cobrar prestaciones durante este periodo, y empresas que pueden mantener al menos en parte su actividad, para ellos no habrá problema. Pero hay empresas, y con ellas personas trabajadoras y autónomos, a los que no se les puede exigir que sigan pagando cotizaciones e impuestos cuando no tienen ingresos. Por eso es tan importante maximizar la posibilidad de que la actividad productiva siga al tiempo de garantizar las medidas de prevención y de protección”.
“No podemos cerrar una fábrica porque alguien presuponga que las empresas no son responsables con el deber de cuidado y protección de la salud”.
“Sería bueno facilitar que las empresas puedan trabajar en condiciones seguras, facilitando el acceso al suministro de protecciones individuales contra el contagio, y, a partir de ahí, exigir que en los lugares de trabajo se respetan las medidas de seguridad, y, donde no se haga, se cierre el centro de trabajo por riesgo grave e inminente”.
“No se puede ni levantar sospechas contra los que mantienen en gran parte nuestro estado del bienestar, ni parar toda la actividad, porque los daños a nuestra economía, de la que dependen las prestaciones y el propio sistema sanitario, pueden ser irreversibles. Es como si la solución al contagio del personal sanitario en los hospitales fuera mandarlos todos a casa. Hay que garantizarles que pueden acceder a los necesarios equipos de protección, y trabajar proactivamente para que la ciudadanía tenga la posibilidad de detección precoz del virus. Prevención y protección, esa es la fórmula”.
No atacar al tejido empresarial
Por último, Blasco valora si hay medidas que se han dejado fuera y sería conveniente tener en cuenta. “Creo que todas las medidas que favorezcan la demanda son necesarias. En España no se han hecho los deberes en materia de deuda pública, y, si no hay actividad o se hipoteca la actividad a la vuelta de esta pandemia, la recesión será muy dura”.
“En Italia la paralización ya está generando problemas de abastecimiento y la crisis social está en el horizonte. Hay que ayudar a los empleadores a que puedan mantener su actividad y a que tengan acceso a los suministros de equipos de protección. Eximir de impuestos y cotizaciones a quien no tenga actividad. Y, si se detectan incumplimientos en materia de salud laboral, nuestra normativa de prevención ya es veterana para exigir paralizaciones de actividad y sanciones. Pero en momentos donde se necesita unidad de acción, no podemos atacar al tejido empresarial, que es quien soporta en gran medida nuestro estado del bienestar”.
