Trabajador de un centro especial de empleo de Ilunion Lavandería y Servicios a la Hostelería

Redacción. La Comunidad de Madrid destinará 2,7 millones de euros más a fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad severa en los centros especiales de empleo (CEE) de la región.

El Gobierno regional ya ha había aprobado ayudas por importe de 50 millones de euros, en junio, y 20,6 millones, en octubre, alcanzando con las aprobadas ahora un total de 73,3 millones de euros dirigidos a la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo para un colectivo vulnerable que, sobre todo en el caso de las personas con discapacidades severas, tienen mayores dificultades de acceso al empleo fuera del mercado protegido.

Con las convocatorias anteriores, la Comunidad de Madrid había cubierto hasta el 50 % del salario mínimo interprofesional (SMI) de los nuevos contratos a trabajadores con discapacidad o el mantenimiento de los ya existentes.

Esta nueva dotación permitirá alcanzar el 55 % del SMI, o su parte proporcional en el caso de contrato a tiempo parcial, en contrataciones a personas con discapacidad severa.

Se incluye entre los beneficiarios a personas con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual, incluidas las personas con trastorno del espectro autista, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 %, así como a personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 %.

El periodo subvencionable incluye los salarios entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, así como las pagas de verano y Navidad.

Se amolían así los recursos destinados a los 217 centros especiales de empleo que desarrollan su actividad en la Comunidad de Madrid, que emplean a más de 16.700 personas con discapacidad, y que se han visto especialmente afectados por la crisis sanitaria del coronavirus.

Estos centros son empresas de economía social cuyo objetivo es lograr la inserción laboral de las personas con discapacidad, facilitando así su acceso al mercado laboral ordinario.

Para tener esta consideración, al menos el 70 % de la plantilla de estos centros debe estar formada por trabajadores con un grado de discapacidad superior al 33 %.

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