Redacción. Los bajos salarios, la baja tasa de empleo y su mayor grado de dependencia elevan el riesgo de pobreza de las personas con discapacidad psíquica, que incluye la intelectual y la psicosocial, según pone de relieve Fundación Once con motivo de la celebración hoy, 17 de octubre, del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
En España hay 511.300 personas con discapacidad psíquica, de las que 192.400 sufren discapacidad intelectual y 318.900, discapacidad psicosocial. Todas ellas representan el 17,3 % del conjunto de personas con discapacidad.
Según datos del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo (Odismet) de Fundación ONCE, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, las condiciones laborales que acompañan a este segmento de la población son especialmente precarias, afectando así su riesgo de pobreza.
En relación con los salarios, mientras la media de salario bruto anual del colectivo de personas con discapacidad se fija en 20.575,1 euros, las personas con discapacidad intelectual perciben 13.136,9 euros y aquellas con discapacidad psicosocial 17.521,1 euros.
A ello se une el hándicap de pertenecer a un segmento afectado por estereotipos y prejuicios que acentúan las desigualdades e incrementan el rechazo, afectando así sus posibilidades de integración sociolaboral.
El análisis de la tasa de empleo también pone de relieve las mayores dificultades de las personas con discapacidad psíquica para acceder al mercado de trabajo. Mientras que el conjunto del colectivo muestra una tasa de empleo del 25,9 %, frente al 66,9 % en la población sin discapacidad, la tasa de empleo baja hasta el 20,4 % en el caso de la discapacidad intelectual y hasta el 16,9 % para la discapacidad psicosocial.
A los condicionantes laborales se une el hecho de que 162.700 personas con discapacidad psíquica son dependientes -118.000 discapacidad intelectual y 86.800 discapacidad psicosocial-, es decir, no son autónomas para el desarrollo de acciones básicas de la vida diaria, requiriendo el apoyo de terceros.
Si bien la situación de dependencia está regulada legalmente, las cuantías de las prestaciones para dar cobertura a las necesidades de las personas dependientes condicionan su calidad de vida y las aproxima al límite de la pobreza y la precariedad. La media de las prestaciones contributivas por incapacidad permanente es de 975,48 euros al mes, y aquellas de carácter no contributivo para personas con discapacidad se sitúan en 133,5 euros al mes.
Según los datos de Odismet, el 33,8 % de las personas con discapacidad se encontraba en 2020 en situación de riesgo o exclusión social, mientras que para el resto de la población el dato se reducía hasta el 26,4 %, lo que pone de manifiesto la mayor vulnerabilidad de ese colectivo ante la pobreza.
