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Redacción. El sindicato USO ha presentado un informe detallado de las medidas que es necesario regular en el teletrabajo, una modalidad laboral que en 2019 solo practicaban el 2,06 % de las mujeres y el 1,55 % de los hombres, según datos EPA.

Pese a ese reducido porcentaje de personas acogidas a esta modalidad laboral el año pasado, el sindicato destaca que la pandemia del coronavirus multiplicó por siete el teletrabajo en España, hasta el 34 %, en comparación con el 4,8 % de personas ocupadas que trabajaron al menos la mitad de los días desde su casa en 2019.

En este contexto, entre las propuestas aportadas por USO figuran la propia definición del teletrabajo, “que no debe ser cualquier trabajo a distancia, sino el que utiliza las nuevas tecnologías de la información para su desarrollo”, matiza Sara García, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de USO.

Y, además, “tiene que ser voluntario, con condiciones definidas por escrito y con la posibilidad de revocación y vuelta al trabajo presencial”.

La persona que teletrabaje “no puede estar discriminada con respecto a quien lo haga en el centro de trabajo de la empresa, ni tampoco debe empobrecerse con respecto a esta con una repercusión de gastos. Estos debe compensarlos la empresa”, demanda García.

La representante de USO pone el acento, además, en aspectos de privacidad que no han ido apareciendo en los debates sobre el teletrabajo y que pueden menoscabar la estabilidad del trabajador. “Por un lado, debe quedar claro que el domicilio es inviolable. Los métodos de control, tales como grabaciones, no pueden, bajo ningún concepto, ir más allá de la propia tarea que desempeñe el trabajador. Y debe evaluarse como laboral un riesgo que en el trabajo presencial es ajeno al puesto de trabajo: la violencia de género. Una mujer que esté siendo víctima de violencia en su domicilio estará más expuesta a ella si también el trabajo lo realiza en casa”.

USO, discriminado pese a ser el tercer sindicato en España

Estas medidas de USO se han registrado durante el período de consulta pública de la ley que pretende tramitar el Ministerio de Trabajo. “Un canal destinado a aportaciones particulares que USO debe utilizar a pesar de ser el tercer sindicato de este país y llevar años trabajando en la demanda de estas medidas”, denuncia.

El debate en el marco del Diálogo Social, “a oscuras, como es habitual, sigue parcelado para que lo ocupen únicamente los dos sindicatos mayoritarios”, censura Joaquín Pérez, secretario general de USO. “Se va a legislar el trabajo moderno con los métodos de la transición”, concluye.

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