Redacción. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Vitoria ha estimado el recurso presentado por la Asociación de Docentes Jubilados del País Vasco, en representación de más de dos mil funcionarios, y por nueve personas que actúan a título personal, condenando al Gobierno Vasco a abonar la prima de jubilación anticipada que en cada caso corresponda y que quedó “suspendida” por la crisis de 2012.
El fallo considera que esta prima es un “derecho consolidado”, anula las resoluciones del Departamento de Educación del Ejecutivo vasco que rechazan los recursos de los docentes y estima que la decisión de no abonar las primas “no se ajusta a derecho”.
El fallo, que podrá recurrirse en apelación, señala también que la Ley de Presupuestos no puede extinguir o suprimir la prima porque las leyes de presupuestos no pueden vehicular un cambio normativo que entrañe la supresión o el cese o acabamiento del todo de un derecho reconocido en una ley.
Añade, también, que “por su propio sentido, suspender entraña conservar el derecho a recuperar el abono, ya que solo se detiene o difiere durante un tiempo”.
