El Gobierno catalán planteará un conflicto de competencias ante el Constitucional por el Sistema de Formación Profesional

Redacción. El Gobierno catalán planteará un conflicto positivo de competencia ante el Tribunal Constitucional en relación con determinados preceptos del Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional.

El Ejecutivo autonómico considera que el texto contiene unas previsiones muy detalladas que exceden del ámbito de la regulación básica estatal en materia de educación y que, además, en muchos casos inciden en aspectos meramente ejecutivos y organizativos que corresponde determinar a la Generalitat de Cataluña.

En concreto, los aspectos principales del conflicto se refieren, entre otros, a la determinación de los horarios de las enseñanzas, a las previsiones relativas al desarrollo del currículo o a los requisitos de acceso a las enseñanzas, que se contienen con un grado de detalle excesivo incompatible con el carácter de normas básicas, según destacan desde el Ejecutivo regional.

Además, la Generalitat entiende que el Real Decreto 659/2023 también vulnera sus competencias sobre educación en cuanto a la regulación de los centros de referencia nacional en el ámbito de la formación profesional o en su participación en los procedimientos de toma de decisiones del Estado que afecten a sus competencias en materia de universidades.

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