Redacción. alianzAS, asociación que aglutina a nueve organizaciones del sector de los servicios esenciales, estima que la reducción de la jornada laboral, sin merma salarial, a 37,5 horas a la semana supondrá un incremento de costes del 4,25 %, lo que supone, aproximadamente, 1.270 millones de euros.
Para alianzAS, esta reducción de la jornada de trabajo, sin modificación de los salarios, “resulta inasumible en sectores intensivos en personas trabajadoras que prestan servicios indirectos a las Administraciones Públicas”.
Además, “en caso de llevarse a cabo, dicha medida vendría a sumarse a otras dificultades coyunturales y estructurales que podrían desembocar en una situación crítica para varios sectores estratégicos para nuestro país”, añaden desde la asociación.
Desde la entidad se destaca que “cualquier medida de esta índole debe conllevar necesariamente una transitoriedad y una desvinculación absoluta de los contratos públicos ya existentes que, debido a las limitaciones legales, no tienen capacidad alguna de ser revisados ni modificados en tanto estos contratos no sean licitados e incorporados en sus estudios estas nuevas condiciones”.
En este sentido, al efecto económico de la reducción de jornada se suman los problemas organizativos y estructurales que dimanan de las propias obligaciones de los contratos en vigor, que exigen una dedicación de las personas trabajadoras superior a la jornada que quiere imponerse.
Adicionalmente, sería necesario una búsqueda de nuevos trabajadores para dar cumplimiento a las obligaciones asumidas, “acción tremendamente complicada en ciertos sectores dada la escasez de personal, aseguran desde alianzAS.
Por todo ello, alianzAS reclama al Gobierno “un ejercicio de corresponsabilidad, en el que renuncie a implantar unilateralmente dicha medida y en el que, en la hipótesis de llevar a cabo la misma, permita expresamente una revisión de los precios de los contratos en vigor ante esta circunstancia que en ningún caso podría haber sido prevista. Adicionalmente, dicha medida atentaría directamente contra la negociación colectiva que se lleva a cabo con los sindicatos, pues supone alterar de facto los términos de los convenios colectivos en vigor firmados en un ejercicio de responsabilidad por todos los agentes sociales”.
Los servicios esenciales representan más de 30.000 millones de euros de facturación y a más de 1,25 millones de trabajadores que desempeñan una labor fundamental para el correcto funcionamiento del sistema productivo, pues su trabajo permite que millones ciudadanos y empresas puedan acceder diariamente a unos servicios esenciales de calidad.
Se trata, por tanto, de un sector estratégico por su importancia en términos económicos y por su papel de motor social y de desarrollo, pues tiene un marcado carácter vertebrador y cohesionador del territorio.
Esta medida supondría un “ataque más a su supervivencia, que se une a las ya existentes de imposibilidad de revisión de precios y la obligatoriedad de asumir prórrogas contractuales”, concluyen desde alianzAS.
