RRHH Press. El primer Consejo de Ministros del año ha recibido un informe de la Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad sobre el anteproyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.Esta nueva normativa se configura como una ley de garantías, de derecho antidiscriminatorio y de ámbito general e integral, entre cuyos objetivos está consolidar legislativamente la igualdad, previniendo y erradicando cualquier forma de discriminación, y proteger y reparar a las víctimas.
Ámbito de aplicación
Respecto al ámbito subjetivo de aplicación, la Ley incluye a todas las personas, incluidas las personas jurídicas. Objetivamente, la norma será de aplicación en materia de empleo público y privado y trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia; afiliación y participación; educación; sanidad, prestaciones y servicios sociales; acceso a bienes y servicios a disposición del público, incluida la vivienda; y medios de comunicación y publicidad.
Motivos de discriminación
Sobre los motivos de discriminación, se incluyen los motivos recogidos en el artículo 14 de la Constitución Española y los seis motivos de discriminación recogidos en la normativa comunitaria, incorporando dos nuevos motivos de discriminación, los de identidad sexual y enfermedad. Así, los motivos de discriminación que se recogen en esta Ley son: nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
El texto mejora las definiciones de discriminación directa, indirecta y medidas de acción positiva, y se incorporan por primera vez al ordenamiento jurídico español las definiciones de:
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Discriminación por asociación y discriminación por error
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Discriminación múltiple
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Acoso discriminatorio
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Inducción, orden o instrucción de discriminar
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Represalia
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Diferencia de trato no discriminatoria: cláusula de salvaguardia para aquellas diferencias objetivas, legítimas y adecuadas derivadas de disposición, acto, criterio o práctica.
Además, establece el derecho a la igualdad de trato y no discriminación en determinados ámbitos de la vida política, económica, cultural y social, como el empleo, la salud, la educación, los servicios sociales o los medios de comunicación social, entre otros.
Defensa y promoción del derecho a la igualdad de trato
El Anteproyecto recoge la defensa y promoción del derecho a la igualdad de trato y no discriminación. Entre los principales instrumentos de promoción de la igualdad de trato y la no discriminación figuran el mandato a los poderes públicos para la adopción de medidas de acción positiva; el reconocimiento del derecho de las empresas a realizar acciones de responsabilidad social en materia de igualdad de trato y no discriminación y hacer uso publicitario de ellas; la adopción de una Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación; o la colaboración entre administraciones públicas para la integración de la igualdad de trato y no discriminación en sus competencias, entre otras.
Autoridad Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación
La nueva norma contempla la creación de un órgano independiente, la Autoridad Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que preste asistencia a los afectados y promueva fórmulas de mediación o conciliación entre las partes con su consentimiento. Esta Autoridad podrá investigar por cuenta propia la existencia de posibles situaciones de discriminación. También ejercitará acciones judiciales en defensa de los derechos derivados de la igualdad de trato. La Autoridad concentrará varias de las funciones y recursos de otros organismos mediadores que existen actualmente.
Infracciones y sanciones
Por último, en el apartado sobre las infracciones y sanciones en materia de igualdad de trato y no discriminación las infracciones se califican como leves, graves o muy graves, y se definen las conductas que constituyen cada infracción. Además, se señala que las infracciones serán sancionadas con multas, se efectúa una previsión de sanciones accesorias y sustitución de sanciones y se define los criterios de graduación de las sanciones, teniendo en cuenta los supuestos de discriminación múltiple. También se establecen las reglas de competencia para tramitar los procedimientos sancionadores.
