Recursos Humanos RRHH Press - La Administración General del Estado (AGE) va a poner en marcha un protocolo de actuación para hacer frente a las agresiones que sufren los empleados públicos en el desempeño de su trabajo, según ha anunciado hoy la Central Sindical independiente y de funcionarios (CSI-F).
El sindicato ha señalado que desde el comienzo de la crisis las agresiones a empleados públicos se han incrementado de manera exponencial, según los testimonios de los trabajadores y la información recabada por los delegados sindicales.
En estas situaciones se incluyen agresiones o intentos de agresiones, que son los casos extremos, insultos, descalificaciones, amenazas o imprecaciones que, según CSI-F, deben contemplarse como situaciones de violencia en el trabajo y abordarse desde un punto de vista preventivo.
Un registro de agresiones
El protocolo que pondrá en marcha la Administración incluiría, según las recomendaciones de CSI-F un registro sistematizado de agresiones en todos y cada uno de los ámbitos administrativos, actualmente inexistente salvo en algunos sectores como el sanitario o el educativo, tradicionalmente más expuestos a este tipo de situaciones y con más experiencia en su tratamiento. El protocolo habrá de incluir igualmente planes de prevención, actuación y protección ante situaciones violentas.
Además, CSI-F reclama la implicación de la Administración en la prevención implantando una ‘Cultura de Tolerancia Cero’ ante las situaciones violentas, integrar la prevención en la gestión de la Administración, mejorar las condiciones de trabajo, el entorno y las medidas de prevención y agravar las penas a nivel de delito y agresión a la autoridad.
Campaña de desprestigio
CSI-F denuncia que, desde el comienzo de la crisis, los empleados públicos han sido objeto de una campaña de desprestigio, una operación de acoso y derribo en la que se responsabilizó directamente al colectivo de las causas de la recesión, poniéndose en cuestión su labor, el volumen de las plantillas e, incluso, su función social.
Además, la congelación de la oferta de empleo público y la destrucción de puestos de trabajo han mermado las plantillas, contribuyendo a una importante sobre carga laboral que afecta de manera negativa a los servicios que reciben los ciudadanos, que se prestan ‘cara al público’ en situaciones muy adversas.
El sindicato cita, concretamente, a los servicios de empleo, a los que los ciudadanos llegan, en muchas ocasiones, afectados por situaciones personales y familiares especialmente graves, las sedes judiciales, las jefaturas de Tráfico, las delegaciones de Hacienda y las prisiones, “puntos calientes especialmente sensibles”.
Tras las presiones y la campaña informativa de CSI-F emprendida a lo largo de los últimos meses (“Zona sin violencia. Gracias por respetarnos”, lanzamiento de un Observatorio contra las Agresiones), la Administración se ha comprometido a lanzar un protocolo que haga frente a situaciones conflictivas en los diferentes sectores de la Administración y saque a la luz este problema.
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