Recursos Humanos RRHH Press. La Comunidad de Madrid ha completado las instalación de desfibriladores en todas las sedes judiciales de la región, en línea con el decreto aprobado por el Gobierno regional en septiembre del año pasado para convertir a Madrid en la primera comunidad autónoma cardioprotegida, con la instalación obligatoria de estos dispositivos en lugares de gran afluencia.
En concreto, la Dirección General de Justicia ha invertido 183.635 euros en la compra de 127 desfibriladores semiautomáticos externos y en la formación básica sobre el funcionamiento de los equipos, que se terminaron de instalar el pasado 27 de diciembre.
Los dispositivos, además, están conectados a la red de emergencias de Madrid 112 mediante un terminal telefónico, que se activa en el momento de su uso.
Hasta la fecha, solo contaban con desfibriladores las sedes judiciales con mayor afluencia de público: los juzgados de Plaza de Castilla, los de Primera Instancia de Capitán Haya, la Audiencia Provincial, los juzgados de lo Social de Princesa 3-5, los de lo Penal de Julián Camarillo, los de Violencia sobre la Mujer de Manuel Tovar y el Registro Civil Único.
Ahora todas las sedes judiciales disponen de, al menos, un desfibrilador. El número de estos equipos se ha ampliado con un desfibrilador más por cada 500 usuarios que haya en la sede judicial, contando tanto trabajadores como público.
De esta manera, por ejemplo, los juzgados de Plaza de Castilla cuentan ya con 17 dispositivos, los de Capitán Haya con 9, el Registro Civil único con 8 y los juzgados de lo Social de la calle Princesa nº3 con 6.
Formación sobre los desfibriladores
La formación básica sobre los aspectos técnicos, de manejo y mantenimiento a nivel usuario de los desfibriladores, así como sobre nociones básicas de RCP (reanimación cardiopulmonar), se va a ir impartiendo en todas las sedes judiciales de manera gradual. A estos cursos asistirán 8 personas por cada desfibrilador instalado en cada sede.
Por último, el Gobierno regional tiene previsto instalar unos 2.100 desfibriladores en los centros e instalaciones dependientes de las distintas consejerías, con una inversión de 1,6 millones, que servirá para garantizar la cardioprotección de sus trabajadores y usuarios.
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