RRHH Press. Ya son 65 los autónomos o personas físicas con actividad económica que han acudido al procedimiento concursal con el fin de solventar su situación de endeudamiento en el segundo trimestre de este año, según pone de relieve la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).Según la organización, esta modalidad de concurso era “prácticamente inexistente hasta la fecha entre el colectivo de autónomos, teniendo en cuenta lo complejo y costoso del sistema para una persona física”.
Por otra parte, el 88,5% de las sociedades de responsabilidad limitada que acudieron al concurso de acreedores, 1.154 en total, está dentro del tramo más reducido de facturación, menos de 2 millones de euros anuales. Según UPTA, “muchos de los titulares de estas sociedades son realmente trabajadores autónomos que han acudido a esta forma de sociedad para el ejercicio de su actividad”.
Alta morosidad
Tanto entre las sociedades como entre los autónomos, los sectores con más situaciones de concurso han sido la construcción y el comercio, y el origen de las deudas proviene de la alta morosidad interempresarial y de las Administraciones Públicas.
UPTA ha expresado su confianza en que la Línea ICO aprobada en julio por el Congreso de los Diputados para el pago directo a los proveedores de los ayuntamientos que tienen facturas o certificaciones pendientes de cobrar, “supere los problemas de diseño que tuvieron otras iniciativas anteriores y que tuvieron dificultad de gestión”, señala Sebastián Reyna, secretario general de la organización.
Para ello, según UPTA, sería necesario que la nueva línea dé prioridad a los derechos de cobro pendientes que han superado los plazos legales establecidos, dé prioridad en la aprobación de créditos a las facturas que no superen los cien mil euros, con el fin de que las empresas más pequeñas no queden fuera de los beneficios de la medida, por la posible presión de las grandes constructoras y empresas de servicios, y, por último, que los ayuntamientos publiciten, tanto la solicitud de la ayuda como la concesión en su caso, con el objetivo de que los subcontratistas de las empresas principales cuenten con esta información para exigir a su vez la liquidación de las deudas contraídas con ellos.
